Congreso avala protección de justicia federal a periodistas
Josefina Buxadé Castelán explicó que la PGR es la autoridad que investigará actos del fuero común, como asesinatos y atentados
La panista aplaudió que Puebla se haya sumado a la propuesta enviada desde el Senado de la República, y adelantó que se generarán propuestas complementarias a nivel estatal
Luz Elena Sánchez
El Congreso local respaldó la reforma federal al artículo 73 constitucional, en el que se establece que los delitos contra periodistas serán investigados por las autoridades federales.
Ante el pleno, la diputada del PAN Josefina Buxadé Castelán explicó que la Procuraduría General de la República (PGR) es la autoridad que obtiene la facultad de investigar actos del fuero común, como asesinatos y atentados.
En entrevista, la panista aplaudió que Puebla se haya sumado a la propuesta enviada desde el Senado de la República: “es muy importante que la PGR pueda atraer casos del fuero común en el que los afectados sean periodistas, medios de comunicación o personal, por ejercer la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Al señalar que en Puebla no se han registrado atentados contra periodistas, admitió que sí es preocupante lo que se registra en otros estados como Veracruz.
Del mismo modo, señaló que su fracción está trabajando en leyes complementarias a esta reforma: “está la ley del secreto profesional y la otra ley de protección de los derechos de la personalidad, que es la vida privada del honor y la propia imagen, que también ayudan a establecer cómo se debe establecer el periodismo, son también complementarias de la despenalización de la difamación y la calumnia, en donde se establece en qué casos se habla de daño moral por el ejercicio periodístico”.
Cabe mencionar que la reforma implicó una adición al segundo párrafo de la fracción XXI: “las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta”.
JJ critica rezago legislativo
Del mismo modo, los legisladores poblanos dieron el aval a la reforma legislativa, que de igual forma fue enviada desde el Congreso de la Unión. Con las modificaciones se permiten las candidaturas independientes, consulta popular a las iniciativas ciudadanas, así como a la sustitución del presidente en caso de falta absoluta.
Durante la puesta en consideración de la reforma, el diputado de Movimiento Ciudadano José Juan Espinosa, pidió que se revisara el quórum de la sesión, pues en la sala sólo permanecía menos de la mitad de los legisladores. Al final la votación se dio de manera unánime.
Al hacer uso de la palabra, criticó que el Congreso local haya abordado el tema hasta que la reforma causó estado, pues ya se publicó en el Periódico Oficial de la Federación, por lo que acusó a Puebla de un rezago legislativo
Aseguró que preocupa que en el estado se haya analizado luego de tres meses de haberse turnado, pues dijo que esta situación se puede repetir con la aprobación del artículo 24: “con sinceridad, expreso la preocupación por este tipo de prácticas, pues ya se encuentra en la Comisión de Gobernación, y reformas importantes como las del articulo 24 y 40 sobre materia religiosa, nuestro estado se ha quedado al margen de la discusión de los grandes temas la reforma”.
Sin fuero los que pidan licencia
En materia de legislación local, se aprobó la adición al último párrafo del artículo 126 de la Carta Magna del Estado, en la que se es establece que no cuentan con fuero los legisladores, magistrados y el gobernador del estado que pidan licencia.
La figura del fuero exime a los servidores públicos de ser privados de su libertad, excepto a los supuestos que determine la ley, procesados y juzgados sin previa autorización del cuerpo legislativo.
De acuerdo con los legisladores poblanos, esta figura jurídica “debe ser una protección para el servicio en función de lo encomendado al servidor público y no para evadir sus responsabilidades ni para fomentar la corrupción y la rebeldía ante el Estado de derecho”.
En esta misma sesión, se envió a la comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales la iniciativa de decreto para reformar el artículo 52 de la Constitución del Estado, con el fin de establecer que todas las sesiones del Pleno del Congreso son públicas, pues la figura de las sesiones privadas se usó por última vez en la década de 1940.
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