Congreso reactiva cacería vs marinistas
Fuentes consultadas por CAMBIO aseguran que hoy se aprobará el pliego de cargos que existe contra Alfredo Arango
En el paquete de exfuncionarios se encuentran Rodolfo Chávez Carretero, extitular del CAPCEE; Eduardo Macip y Arturo
Hernández Davy, quienes estuvieron al frente del SOAPAP y de la dirección del DIF, así como Raúl Velázquez, alias El Chacal, que se mantuvo hasta final de sexenio al frente del extinto Sicom
Osvaldo Macuil Rojas
Luego de la determinación de responsabilidades en contra de Antonio Hernández y Genis, y Ricardo Villa Issa, desde el Congreso del estado se reactivó -tras el proceso electoral- la “cacería” de marinistas, una vez que la Comisión Inspectora tiene en la mira otro paquete de exfuncionarios destacados en el sexenio anterior. Fuentes consultadas por CAMBIO afirman que este día se aprobará el pliego de cargos en contra de Alfredo Arango, extitular de Salud, que alcanzaría más de mil millones de pesos en irregularidades.
En el paquete de funcionarios marinistas también se encontrarían Rodolfo Chávez Carretero, extitular del CAPCEE; Eduardo Macip y Arturo Hernández Davy, quienes estuvieron al frente del SOAPAP y de la dirección del DIF; así como Raúl Velázquez, alias “El Chacal”, que se mantuvo hasta el final del sexenio al frente del extinto Sicom.
Fuentes cercanas a CAMBIO confirmaron que antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones, la Comisión Inspectora que encabeza Mario Riestra Piña votará a favor del inicio de los procedimientos administrativos en contra de estos funcionarios marinistas, debido a las anomalías detectadas en la fiscalización de sus cuentas públicas correspondientes a 2010.
Alfredo Arango García -quien ya purga una condena por enriquecimiento ilícito desde principios de 2012- enfrentará un pliego de cargos superior a los mil millones de pesos, correspondiente al ejercicio 2010, por lo que esto se sumaría al proceso penal que actualmente enfrenta.
Rodolfo Chávez Carretero tiene un proceso abierto en la Contraloría del estado, debido a que el titular de la SEP, Luis Maldonado Venegas, denunció las anomalías que cometió durante su paso al frente del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE).
Eduardo Macip, el director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado en la recta final del marinismo, ha sido señalado como uno de los responsables de que el organismo enfrente una crisis económica severa, al tener un adeudo de más de 2 mil millones de pesos.
Arango, Chávez Carretero, Macip y Hernández Davy se suman a los también marinistas Ricardo Villa Issa y Antonio Hernández y Genis, a quienes la semana pasada se les abrieron los procesos administrativos debido a que no solventaron el ejercicio de los recursos.
En el caso de Ricardo Villa Issa, quien encabezó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), del 17 de marzo al 31 de diciembre de 2010, se encontraron irregularidades en el ejercicio de 26 millones 890 mil pesos.
Contra el extitular del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla (Conalep), Antonio Hernández y Genis, se fincó el proceso administrativo debido a que no comprobó 21 millones de pesos.
Ricardo Henaine fue incluido dentro de la lista de ejecutados que dio a conocer la Comisión Inspectora la semana pasada, a través de su empleado Fernando Ramírez Elizalde, quien fungió como director de la extinta Operadora Estatal de Aeropuertos y que no solventó más de 13 millones de pesos.
Contraloría
A su regresó a la Contraloría del estado, Patricia Leal Islas -de acuerdo a información publicada por Status- prometió reactivar 26 expedientes de funcionarios marinistas que incurrieron en anomalías.
Entre los funcionarios que tienen cuentas pendientes ante la Contraloría, se encuentra el extitular de la Secretaría de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, por lo que fue inhabilitado un año al no entregar información a la CAIP, y aún existe la posibilidad de que se le inicie un proceso penal ante la PGJ.
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