Exgobernadores tendrán escoltas y protección


Dicen los diputados que el crimen organizado puede “cobrar venganza” en contra de ellos


La seguridad posmandato, como se le llama a la iniciativa, tiene dos candados: que el exmandatario radique en territorio poblano y que no sea funcionario público. Además, los escoltas ganarán mensualmente 10 mil pesos y sólo estarán a servicio del gobernador por seis años, una vez que termine su mandato


Luz Elena Sánchez


El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, así como los futuros mandatarios de la entidad, contarán con ocho escoltas para su seguridad hasta seis años después de la conclusión de su gestión. Ayer, la Comisión de Seguridad aprobó la iniciativa de decreto por la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Pública, con el fin de resguardar la integridad del titular del Poder Ejecutivo, pues los diputados indicaron que éste ha tomado decisiones importantes en contra del crimen organizado, que podrían generar que los grupos delictivos “cobren venganza”.


La propuesta original, presentada por el presidente de esta comisión, Héctor Alonso Granados, incluía que la seguridad personal también fuera otorgada, por cuatro años y con cuatro escoltas, al secretario de Seguridad del estado, al procurador de Justicia y al secretario general de Gobierno. No obstante, a propuesta del panista Jesús Zaldívar Benavides, este beneficio sólo se dará al titular del Ejecutivo, pues dijo que desde esa figura nacen las órdenes que luego se ejecutan en las diferentes áreas del gobierno.


Aseguró que Moreno Valle ha encarado la delincuencia, por lo que necesita seguridad una vez separado de su cargo: “debemos preocuparnos por su seguridad por un periodo adicional al tiempo después de su cargo. Como hemos estado viendo, en las últimas dos semanas el gobernador del estado ha estado haciendo un trabajo ejemplar en el tema de seguridad, y no sabes qué intereses se están tocando”.


La seguridad posmandato tiene dos candados: uno es que el exmandatario radique en territorio poblano, y el otro que no sea funcionario público.


Sobre esto último, Zaldivar Benavides señaló que Moreno Valle tendrá que informar cuando ya no necesite de sus escoltas, en caso de que ocupe otro cargo de elección popular: “la ley habla exclusivamente del exgobernador; no se establece ningún tipo de supuesto, obviamente si se tiene algún cargo federal que implique tener seguridad adicional, obviamente ya no la necesitará y él mismo tendrá que renunciar al beneficio”.


Del mismo modo, en el artículo 147 de esta ley se establece que la seguridad a los exservidores públicos dejará de proporcionarse una vez que “concluya el plazo por el que se otorgó el servicio de seguridad personal, lo solicite la persona protegida mediante escrito dirigido al gobernador del estado, y que el protegido cometa algún delito considerado como grave”.


Agregó que aunque el exmandatario Mario Marín cuenta con seguridad -según una petición hecha antes de concluir su sexenio-, con estas modificaciones a la ley se reguló el tiempo para que sólo se otorgue el derecho al extitular del Ejecutivo, el cual es intransferible.


En promedio, cada uno de los escoltas ganará mensualmente 10 mil pesos, lo que en seis años generará un gasto al erario de aproximadamente por 5 millones 760 mil pesos.


Esquemas de seguridad similares para los exmandatarios ya se aplican en los estados de Tabasco, Quintana Roo, Guerrero, Sonora, Distrito Federal y Veracruz. En algunos casos, la seguridad aplica para el cónyuge e hijos, y el beneficio se puede ampliar hasta por ocho años.


Cabe mencionar que este día la iniciativa se pondrá a consideración del pleno del


Legislativo durante la última sesión ordinaria, correspondiente al segundo periodo.




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