Capacitan a elementos en materia de derechos humanos


El uso de la fuerza sólo debe aplicarse como última alternativa después de haber agotado el diálogo


Del mismo modo dijo que cuando un elemento policiaco es respetuoso de los derechos y las garantías de los ciudadanos, se gana el respeto y la confianza de la comunidad


Luz Elena Sánchez


Para evitar el uso excesivo de la fuerza pública y la violación de las garantías individuales de los poblanos, 100 elementos de la Policía estatal recibieron una capacitación en materia de derechos humanos.


El pasado viernes el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado; el secretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Facundo Rosas Rosas, así como el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Adolfo López Badillo, acudieron al evento de clausura del primer curso que se impartió en la materia de derechos humanos basado en criterios del Comité Internacional de la Cruz Roja.


Los funcionarios coincidieron en que el uso de la fuerza sólo debe aplicarse como última alternativa después de haber agotado el diálogo.


Cabe mencionar que la dependencia que encabeza Vargas Fosado ha sido señalada por haber violado garantías individuales durante el desarrollo de algunos de sus operativos.


Facundo Rosas Rosas señaló que la importancia radica en que el uso de la fuerza pública es uno de los temas más sensibles de la función judicial por lo que debe aplicarse con responsabilidad. “Esta semana de estudio ofreció las herramientas que permitirán a los policías ser más profesionales en su ejercicio y prevenir violaciones a los derechos humanos.”


Del mismo modo dijo que cuando un elemento policiaco es respetuoso de los derechos y las garantías de los ciudadanos, se gana el respeto y la confianza de la comunidad, por lo que deben ser los primeros en defenderlos.


Al hacer uso de la palabra, el secretario abundó que el uso de la fuerza pública tiene como objetivo mantener la seguridad, el orden y la paz social, no obstante, señaló que la ley establece condiciones o candados para que en su aplicación no se violenten las garantías individuales ni los derechos humanos: “Se debe aplicar con legitimidad y racionalidad, deberá ser proporcional a la agresión o al valor del bien jurídico en contra del que se atente, en actitudes irreductibles del trasgresor de la ley que pongan en peligro a la sociedad o a sus instituciones”.




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