Ilegal, la concesión que Marín dio a OHL


La publicación en el Periódico Oficial del Estado expone las irregularidades en el convenio celebrado por Mario Marín y la transnacional


La administración estatal oficializó la cancelación de la concesión de la “negocarretera” a la empresa española, desglosando una a una las inconsistencias en las que incurrió el gobierno marinista y la propia transnacional


Xóchitl Rangel


La opacidad en la adjudicación de la concesión a OHL, así como los atrasos en la ejecución de la obra del Libramiento Norte, la lentitud en la obtención del derecho de vía y el incumplimiento en el pago de un fideicomiso por 550 millones de pesos, motivaron al gobierno morenovallista a cancelar definitivamente la concesión a la transnacional. La empresa española, además, no recibirá monto alguno en concepto de indemnización, pues en la misma cancelación publicada en el Periódico Oficial del Estado, se legalizó la extinción de todos los convenios, entre ellos el resarcimiento monetario.


Las secretarías de Finanzas y Administración reiteraron que la adjudicación, firmada por el entonces gobernador constitucional -Mario Marín Torres- el 7 de marzo de 2008, es ilícita pues viola los artículos 134 y 108 de las Constituciones nacional y estatal, respectivamente.


De acuerdo con el acuerdo de rescate, la enajenación de bienes, la prestación de servicios o la adjudicación de obras requiere forzosamente de una licitación pública, proceso que en la era marinista fue ignorado rotundamente.


“La concesión es ilícita incluso si se mira el problema desde las leyes secundarias”, cita el documento.


Por si fuera poco, de acuerdo con el convenio, la firma española tenía la obligación de concluir el viaducto de 31.5 kilómetros de extensión a más tardar en diciembre de 2009, por lo que existió un evidente retraso.


Además, sólo inyectó 200 mil pesos de un total de 550 millones de pesos que constituirían un fideicomiso creado a cambio de autorizar la indemnización por 654 millones de pesos.


Otra más de las irregularidades detectadas es que la administración del priista Mario Marín Torres aceptó las exageradas condiciones de OHL, que no se comprometía a iniciar la obra hasta que no se tuviera liberado al menos 90 por ciento del derecho de vía.


Asimismo, la firma ibérica desatendió el pago de la fianza por 57 millones de pesos a favor de la Secretaría de Finanzas como garantía de cumplimiento.


Por ello, la dependencia, a cargo de José Cabalán Macari Álvaro, autorizó “retirar y disponer de los bienes, equipo e instalaciones que resulten útiles al gobierno estatal y puedan ser aprovechados por los concesionarios”.


La declaratoria de rescate enfatiza que no habrá lugar a la indemnización debido a todas las razones expuestas, pero principalmente por las anomalías en la entrega de la concesión y el incumplimiento de los particulares en la ejecución de la obra.




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