Indaga EU a priistas de Edomex por narco


Tendrían contacto con las FARC


De los dos personajes se han identificado más de 20 propiedades que no podrían adquirir con su salario; ambos son lavadores de dinero


María Idalia Gómez/24 Horas


Autoridades de Estados Unidos y México investigan a dos priistas del Estado de México, un candidato a presidente municipal y un alcalde, como presuntos lavadores de dinero del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”.


Las investigaciones surgieron a partir de la detención en Colombia de Julio Cesar Piña Soberanis, “El Mexicano” o “Julio”, identificado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) como enlace entre los Beltrán Leyva y “La Barbie” con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para la compra de cocaína.


Uno de los priistas, Eloy Morales Reyes, fue presidente municipal de Teotihuacan a principios de los años 80. El segundo, Rafael Compean León es exsecretario del Ayuntamiento y ahora candidato a la presidencia municipal por Teotihuacan.


De ambos personajes se han identificado más de 20 propiedades que no podrían adquirir con su salario. Ambos serían lavadores de dinero.


El presidente del PRI en el Estado de México, Raúl Domínguez Rex, se dijo sorprendido de los señalamientos y se comprometió a investigar.


“Verdaderamente me sorprende toda la información, desconociendo absolutamente lo que me refiere, nosotros personalmente realizaremos las investigaciones respecto a ello”, expresó el priista.


La información recabada señala que “El Mexicano” fue liberado tras convertirse en informante para los estadounidenses, y regresó a México, donde fue monitoreado por las agencias estadounidenses que identificaron a su grupo de operadores en materia de lavado de dinero, integrantes de su familia, un notario público en el Estado de México y dos priistas.


De acuerdo con las investigaciones a las que tuvo acceso 24 HORAS, los dos priistas integrarían lo que las autoridades han identificado como una red de lavado de dinero vinculada al Frente 30 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el cártel que integraban los hermanos Beltrán Leyva y “La Barbie”.


Las investigaciones iniciaron en 2010 en Colombia por parte de la Policía Nacional y la DEA, y ahora continúan en México con la Procuraduría General de la República (PGR).


La red presuntamente fue integrada por Julio César Piña Soberanis, y en ella estarían involucrados, de acuerdo con las indagatorias, sus familiares, un notario público y los dos funcionarios priistas.


La compra de propiedades en los últimos años fue lo que llamó la atención de las autoridades y, a partir de ello, han logrado establecer que los ingresos como exfuncionarios públicos de Eloy Morales Reyes y Rafael Compean León, no justifican que hayan adquirido, en los últimos años, más de 20 propiedades con un costo superior a los 150 millones de pesos.


Aunque gran parte de esas propiedades están a nombre de sus respectivas esposas, hermanos o hijos, el rastreo hecho por las autoridades ubica a los dos priistas como los compradores y, a su vez, como socios de Peña Soberanis.


En la PGR se tienen tres primeras indagatorias. En ellas quedaron asentados testimonios anónimos que ubican la candidatura de Compeán León como una vía para el lavado de dinero.


Punto de partida


El 31 de agosto de 2010, Estados Unidos y Colombia efectuaron lo que denominaron “Operación Golfo”. El objetivo: desmantelar una red de compra y distribución de cocaína y de lavado de dinero formada entre el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y el Frente 30 de las FARC, grupo armado que opera en el Pacífico colombiano en el trasiego de cocaína, lavado de dinero y en actos terroristas, de acuerdo a las autoridades de ese país.


Las investigaciones que concluyeron con la Operación Golfo iniciaron en febrero de 2009, a partir de un informante al servicio de la DEA. Los datos mostraban una posible asociación entre el grupo armado colombiano y organizaciones mexicanas, lo que permitía el traslado de toneladas de cocaína por mar y a través de Centroamérica.


Los agentes comenzaron las investigaciones y, con los datos ofrecidos por el informante, lograron establecer que el Frente 30 de las FARC operaba los envíos y utilizaba una red montada en puertos ilegales en Buenaventura y Bahía Solano, en la costa del Pacífica colombiano, desde donde salían lanchas rápidas con destino a Panamá y Costa Rica. Al interior de ambos países, los integrantes del cártel almacenaban la cocaína y, después de unas semanas o días, la trasladaban por mar o tierra a México.


El seguimiento permitió que el 18 de mayo de 2009 fueran decomisados 912 kilogramos de cocaína en aguas territoriales panameñas. De acuerdo con el periódico colombiano El espectador, la droga iba envuelta con cinta adhesiva de color amarillo con el logotipo “Producto La Mona, calidad tipo exportación”.


Las investigaciones continuaron por parte de agentes de la DEA, Colombia, Panamá y Costa Rica, lo que permitió que en 2009 también fueran decomisados 400 kilos de droga, pero ahora en territorio costarricense, que estaban escondidos en una camioneta y fueran incautados, además de dinero decomisado en Colombia que aparentemente pertenecía a esa red y era en pago por la droga.


Los investigadores identificaron que el corredor de Centroamérica era muy recurrido por esta asociación entre las FARC los mexicanos, y la información de inteligencia permitió el decomiso de dos cargamentos más de droga en Costa Rica y Nicaragua, el último en mayo de 2010, lo que dio paso a la Operación Golfo.


La fiscalía colombiana obtuvo 18 órdenes de aprehensión y entonces se implementó el operativo en Bogotá, Medellín, Pereira, Cali y Buenaventura, y permitió la detención de 10 colombianos y un mexicano, este último: Julio César Piña Soberanis, con residencia en Teotihuacan, Estado de México.


Las autoridades de Colombia identificaron a “El Mexicano” como el representante mexicano que coordinaba los cargamentos con las FARC.




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