Generales mexicanos son acusados por tres informantes de la DEA
Los testigos se encuentran en los Estados Unidos y relacionaron a los militares con el cártel de los Beltrán Leyva
El Ministerio Público federal no descarta que durante
la investigación salgan a relucir nombres de más militares involucrados con el crimen organizado
Arturo Ángel / 24 Horas
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) colabora con México con los testimonios de por lo menos tres de sus informantes en las investigaciones contra tres generales y un teniente coronel presuntamente ligados con el narcotráfico.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), a través de sus enlaces con las autoridades estadounidenses, iniciaron el intercambio de información sobre este caso, que incluye las declaraciones y ampliaciones de testimonios de los testigos. Se espera que los alcances sean aun mayores, de acuerdo con fuentes de la PGR.
Se trata del caso por el cual se encuentran arraigados los generales de división diplomados de Estado Mayor (DEM) retirados, Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, el general brigadier DEM Roberto Dawe González, y el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.
Autoridades de la dependencia federal confirmaron a 24 HORAS que en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/113/2010, obran los testimonios de al menos tres testigos bajo protección de la agencia estadounidense, quienes en su mayoría son sujetos que en su momento estuvieron ligados al crimen organizado.
Uno de estos testigos es el sujeto identificado con el alias de “María Fernanda”, actualmente bajo custodia federal en Nueva York, el cual proporcionó detalles sobre el contacto que tuvieron los militares con operadores del cártel de los Beltrán Leyva, y concretamente con Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, y Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio”.
Otro testimonio entregado por la DEA fue el de “Jennifer”, antiguo colaborador de “La Barbie” radicado en Washington DC, y el cual dio los nombres de los militares que tuvieron contacto con los Beltrán, así como datos de algunos de los encuentros que sostuvieron en Guerrero, Morelos y el Distrito Federal.
Además de esto, se encuentra la declaración de un tercer informante más, también proporcionado por la agencia estadounidenses y ubicado con el alias de “El Iván”. Al igual que los testigos protegidos de la propia PGR, refuerza las acusaciones sobre la colaboración de los militares con el referido grupo delictivo.
Los testimonios coinciden en señalar que los tres generales que ahora se encuentran arraigados, así como el teniente coronel, compartieron información con los Beltrán Leyva, brindaron protección a sus operaciones de trasiego de drogas, e incluso participaron en la capacitación de sicarios.
De hecho, el testimonio de “Jennifer” fue considerado en su momento en otra averiguación previa, la PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, la cual derivó en la consignación del mayor del Ejército, Arturo González Rodríguez, quien en su momento estuvo bajo las órdenes de Dawe González y fue responsabilizado de filtrar datos de inteligencia a los Beltrán.
Ahora, con la medida cautelar de 40 días, dictada en contra de los militares, la dependencia que encabeza Marisela Morales busca enriquecer el expediente y ubicar en colaboración con las autoridades estadounidenses a otros informantes, principalmente exnarcotraficantes bajo proceso, que hayan tenido conocimiento de la colaboración con los militares.
La DEA, indicaron en la PGR, cuenta con una red de personas vinculadas con los cárteles de la droga que se han apegado a programas de testigos protegidos, los cuales supieron de la operación de los delincuentes y de sus redes de corrupción en distintas esferas de gobierno, incluyendo las dependencias de seguridad.
El Ministerio Público federal no descarta que, derivado de la integración de esta indagatoria, resulten involucrados otros efectivos de la Sedena, o incluso de otras dependencias, como la propia Secretaría de Seguridad Pública federal o de la Agencia Federal de Investigación.
En la PGR subrayaron que la colaboración de la DEA y de otras instancias estadounidenses se encuadra en el intercambio de información, testimonios y datos de inteligencia, pero reiteraron que la investigación en campo, así como la integración y determinación de la averiguación, es facultad exclusiva de la SIEDO.
El tema de la potencial filtración de la delincuencia organizada en las cúpulas militares, llamó la atención desde principios de 2008 de la diplomacia de los Estados Unidos, como quedó evidenciado en un reporte en el que el entonces embajador Tony Garza hizo distintas consideraciones a partir del caso del mayor González Rodríguez.
Desestima PGR amparos
La PGR desestimó el alcance de las solicitudes de amparo que interpusieron los abogados de los generales en contra de las órdenes de arraigo, dictadas en su contra por el Juez Primero Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones.
“El arraigo es plenamente constitucional, está contemplado en el artículo 16, párrafo octavo, de la Constitución Política, y se explica como un recurso con el que cuenta el Ministerio Público en casos de delincuencia organizada, como es este asunto”, señalaron autoridades de la procuraduría.
Los elementos de prueba, contemplados en la averiguación previa del caso, acreditan una sospecha fundada respecto al vínculo de los mandos castrenses con el cártel de los Beltrán Leyva. Lo anterior fue ponderado por el propio juez que determinó obsequiar el arraigo por 40 días, y con la posibilidad de que se duplique por otros 40 más.
No es factible, añadieron en la procuraduría, que a través de un amparo se busque desactivar una medida cautelar que tiene sustento constitucional. En todo caso, la protección federal sería para que se preserven los derechos procesales de los involucrados, mientras permanecen internados en el Centro de Investigaciones Federales.
Por otro lado, ayer se confirmó que un juez federal negó los amparos que habían solicitado en una primera instancia los defensores de los generales Ángeles y Dawe por la presunta incomunicación durante el tiempo que estuvieron a disposición de la SIEDO, pues se verificó que sí pudieron hablar con sus familiares.
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