Exdelegados en el DF acusados de recibir sobornos de Walmart


Fuerza del Comercio denunció que dos extitulares de la Gustavo A. Madero recibieron dinero de la firma para quitar un mercado de ruedas que tenia 40 años en funcionamiento


Un mes después de que The New York Times revelara los sobornos de la empresa estadounidense en México, las autoridades locales siguen investigando el tema


Enrique Hernández / Carolina Ruiz / 24 Horas


El Gobierno del Distrito Federal no ha entregado la revisión de los permisos otorgados a Walmart de México y Centroamérica, tras un mes de conocerse el pago de sobornos a funcionarios estatales y municipales en la República mexicana.


José Sánchez Juárez, presidente nacional de la Agrupación Política Nacional Fuerza del Comercio, acusó que los exdelegados de la delegación Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa y Víctor Hugo Lobo Román, actual candidato al Senado de la República, recibieron sobornos de Walmart para quitar el mercado sobre ruedas de la calle Victoria, que se instaló cada viernes durante cuatro décadas.


“A base de sobornos, la empresa americana ha invadido no solamente la ciudad de México, sino todo el territorio nacional. Y también lo hizo para quitarle la fuente de trabajo a varios comerciantes que se instalaban en Victoria”, aseguró el representante en entrevista con 24 HORAS.


De acuerdo con The New York Times, el Sam’s Club ubicado en Ferrocarril Hidalgo y Victoria, en la delegación Gustavo A. Madero, está dentro de las 233 tiendas autorizadas de manera irregular en México.


Sánchez Juárez dijo que las “mordidas” fueron entregadas a través de Rafael Bustamante, exdirector de Gobierno de la delegación. “Sobre su persona hay varias averiguaciones, por fortuna ya no trabaja en la administración pública del DF”, manifestó el comerciante.


Plaza Tepeyac, localizada muy cerca de la Basílica de Guadalupe al norte del DF, se edificó en unos terrenos pertenecientes a la armadora Ford, cuando aún tenía operaciones manufactureras en la capital del país.


El tianguis ubicado a espaldas de esa zona comercial, donde opera un Walmart, Suburbia, Sam’s Club y Bodega Aurrera, fue desplazado de su lugar por la administración de Lobo Román, señaló el dirigente, encarcelado por oponerse y protestar por la decisión de la autoridad, tomada en febrero de 2009.


El medio estadounidense reveló que un grupo de gestores de la empresa pagó 24 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos para facilitar la expansión de la cadena.


“La primera vez que intentaron quitar el mercado fue durante la administración de Chiguil, pero no pudo. Entonces se sabe Walmart metió presión a Víctor Hugo Lobo para que lo quitara a la mala”, explicó el líder de 50 mil comerciantes sobre ruedas en el Distrito Federal. “Fuimos vejados por Rafael Bustamante, que era director de gobierno en la GAM, y quien recibía el pago durante las dos administraciones de los delegados”.


El pasado 29 de abril, la diputada del Partido del Trabajo, Laura Itzel Castillo dijo a 24 HORAS que en un lapso de una semana se reuniría con miembros del Congreso de los Estados Unidos para trabajar en conjunto en las investigaciones acerca de los sobornos realizados por la transnacional a funcionarios mexicanos.


“Hasta el momento, no hemos tenido respuesta alguna del Congreso, esperamos que dentro de un mes comiencen a reportarse avances del acercamiento”, dijo ayer la diputada.


Al cierre de la edición, las autoridades capitalinas también carecían de la información de los permisos otorgados a Walmart en el Distrito Federal.


Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno de la capital, se comprometió el pasado jueves 26 de abril entregar todos los documentos sobre la instalación y operación de las tiendas, una semana después.


“Estamos revisando tienda por tienda, todo. Es decir, hay permisos de muy diferentes naturalezas: hay de usos de suelo, hay de autorización de construcción, hay licencias. Lo que pedimos es: revisen todas las autorizaciones que hubo en el periodo que se señala en la información de The New York Times”, explicó durante una participación en público. “La Contraloría tiene que revisar cuántas tiendas se abrieron, en qué tiempo se abrieron y si fue conforme a la norma en el periodo que se marca. Y eso nos parece que lo tenemos que hacer de oficio”.




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