Piden prisión a quien realice escuchas telefónicas

13:21

La senadora priísta, Cristina Díaz Salazar, sugiere sancionar hasta con 12 años de prisión a los servidores públicos que intervengan comunicaciones privadas


La Silla Rota

 

La secretaria general del PRI, Cristina Díaz Salazar, propuso sancionar hasta con 12 años de prisión, multa de hasta mil días de salario mínimo y la inhabilitación del cargo a los servidores públicos que intervengan comunicaciones privadas, sin la autorización judicial correspondiente, o que la realicen en términos distintos de los autorizados.

 

En su proyecto de iniciativa, la senadora por Nuevo León sugiere reformar los artículos 30, 42, 48, y 64 de la Ley de Seguridad Nacional para establecer que los servidores públicos que revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro la información o imágenes obtenidas en el curso de una intervención de comunicaciones privadas, autorizada o no, serán sancionados penalmente.

 

La sanción que propone es la prisión de seis a doce años, de quinientos a mil días multa, así como con la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo plazo que la pena de prisión impuesta.

 

Según la senadora, estas reformas tienen como propósito garantizar un correcto desempeño de las funciones que se ejercen en materia de Seguridad Nacional, principalmente con la utilización de la información reservada y la intervención de las comunicaciones privadas, además de establecer sanciones claras y concretas para quienes contravengan lo dispuesto.

 

En la exposición de motivos de su iniciativa, la presidenta de la Comisión de Gobernación reconoce que la "intervención de comunicaciones privadas" es un medio legal por el cual el agente del Ministerio Público de la Federación, con motivo de la investigación de un delito materia de delincuencia organizada y previa autorización de la autoridad judicial, interviene las comunicaciones para obtener información que sirva para el esclarecimiento de los hechos investigados.

 

Señala que con la intervención de comunicaciones privadas se ha logrado perfeccionar la integración de muchas investigaciones relacionadas con miembros de la delincuencia organizada, con resultados satisfactorios.

 

Añade que en efecto, el empleo de esta figura jurídica especial ha permitido el desmembramiento de diversas organizaciones delictivas dedicadas a la comisión de los delitos contemplados en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, tales como el tráfico de indocumentados y el secuestro, así como la detección, detención y aprehensión de varios miembros de la delincuencia organizada dedicados a la comisión de delitos contra la salud y a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).


 
 
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