En 18 meses, Morales cesa a más de mil 500


Es la primera gran depuración en la PGR, luego de que en 1995 fueron despedidos más de mil 500 agentes por falta de confianza


Arturo Ángel/ 24 Horas


Como parte de un proceso de depuración y combate a la corrupción al interior de la Procuraduría General de la República (PGR), en los casi 18 meses de encabezar la dependencia, Marisela Morales Ibáñez cesó o le pidió la renuncia a más de mil 500 funcionarios.


Entre los funcionarios destituidos se encuentran 35 altos mandos y funcionarios del sector central, entre subprocuradores, fiscales y directores generales; 45 delegados estatales; 49 jefes regionales, y más de mil 400 elementos de la Policía Federal Ministerial (antes Agencia Federal de Investigación).


La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), responsable del combate contra el crimen organizado y en donde se encontraba Morales antes de ser nombrada la procuradora, es una de las áreas que más movimientos registra en su nivel directivo.


Apenas la semana pasada renunció Cuitláhuac Salinas, quien ocupó el cargo de subprocurador de la SEIDO durante un año, tras la renuncia de Patricia Bugarín, quien también renunció en octubre del año pasado a ese puesto seis meses después de haber sido nombrada.


Éstos son los movimientos más visibles en una subprocuraduría en la que también se ha pedido la renuncia de otros mandos medios y superiores, como la de titular de la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, Dax García Vidal, y la del integrante del Cuerpo Técnico de Control, Manuel Arroyo Hernández, este último por nexos con el narcotráfico.


En la Subprocuraduría de Control regional, Procedimientos y Amparos, que se encuentra a cargo de todas las investigaciones por delitos federales iniciadas en el país a través de las distintas delegaciones, también se ha presentado un movimiento constante.


Morales primero nombró al frente de esa área a Dilcya Samantha García de los Monteros, quien por falta de efectividad y resultados, fue removida apenas dos meses después de ocupar el cargo. En su sustitución llegó Cuitláhuac Salinas, quien en noviembre del 2011 dejó el cargo tras irse a la SEIDO, por lo que se designó a Victoria Pacheco Jiménez.


Siguiendo con los subprocuradores, en enero de este año Morales le pidió la renuncia a Juan de Dios Castro, quien encabezaba la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y en su lugar nombró a Miguel Ontiveros Alonso, su exmaestro en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.


Sin embargo, a finales de agosto Ontiveros renunció por motivos que no se informaron, y Morales nombró en su lugar a Ruth Villanueva.


Ésta es la primera gran depuración en la institución luego de que en 1995 fueran despedidos más de mil 500 agentes de la extinta Policía Judicial Federal por falta de confianza.


Más cambios


Además de las subprocuradurías, Morales ha realizado también cambios constantes en otras áreas de alta responsabilidad. Por ejemplo, durante su lapso al frente de la PGR ya cambió en tres ocasiones al oficial mayor: primero nombró a Enrique Girón Zenil, luego a Jesús Naime Libién y finalmente a Guillermina Muñoz.


Otro ejemplo es la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), donde luego de la salida de Sandra Irene Herrerías nombró a Angélica Herrera Rivero, quien duró en el cargo cerca de seis meses, para luego ser sustituida por Nelly Montealegre Díaz.


La Fiscalía Especial para Delitos Electorales, la Dirección General de Comunicación Social y las distintas unidades de investigación, adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, son otras áreas en las que se han registrado diversos cambios.


A esto se suman los 45 cambios de delegados estatales que Morales ha realizado en su tiempo al frente de la PGR. En casos como el Distrito Federal, la procuradora ha cambiado en más de dos ocasiones al responsable.


Además de estos movimientos, la titular de la PGR ordenó el cese de aproximadamente mil 400 elementos de la Policía Federal Ministerial, con el argumento de que no superaron satisfactoriamente el examen de control de confianza.




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