Con Ley de Contabilidad, Puebla transparentará todos su pasivos


Incluye inversión en PPS, dijo Blanca Alcalá


Luz Elena Sánchez

 

En el 2013 el gobierno del estado tendrá que transparentar la deuda pública directa e  indirecta y cualquier obligación financiera —lo que incluye inversiones por PPS— para dar cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental, aseguró la senadora del PRI, Blanca Alcalá Ruiz.


En rueda de prensa, explicó que la iniciativa preferente que envió el Presidente de la República, Felipe Calderón, y que el Senado turnó a la Cámara de Diputados, establece como una obligación que los tres niveles de gobierno publiquen todas sus actividades financieras, aunque se traten de proyectos a largo plazo, esto con el fin de tener certeza de que no se están quebrantando sus haciendas públicas y de que las entidades cuentan con finanzas sanas.


“Se señalan los criterios que permitan transparentar todas aquellas actividades financieras que tenga cualquiera de los gobiernos sea municipal, estatal o federal; involucra además de lo que normalmente se conoce como deuda pública, cualquier pasivo o cualquier operación financiera que se esté realizando, la ley obliga a transparentarla y hacerlo en tiempo real”, dijo la priista.


La exalcaldesa que representó a su partido en la Cámara Alta con en el análisis de esta reforma, explicó que se tendrá que dar cuenta de todos los pasivos con los que cuenten los gobiernos, lo que incluye Proyectos para la Prestación de servicios  (PPS), todos los contratados con anterioridad y cualquier obligación financiera, pues dijo que estos deben aparecer en los estados contables y financieros: “existe la obligación de que todas las operaciones sean registradas, lo mismo pueden ser PPS que algún otro tipo de concesión que cualquier crédito e incluso operaciones de bursatilización, el problema no es que se haga, el problema es que se tenga claridad de qué es lo que está ocurriendo para el ejercicio de la fiscalización y del acceso a los ciudadanos”.


Alcalá Ruiz explicó que una vez aprobada la Ley en el Congreso de la Unión, el Consejo Nacional de Armonización contará con un plazo de 180 días para analizar la forma en que se deberá ajustar a la legislación de todo el país, mientras que las entidades tendrán otros seis meses para armonizar sus leyes.


Recordó que los estados tendrán el 2013 para cumplir con la publicación de toda su información financiera, los municipios tendrán hasta 2014, mientras que los ayuntamientos sin capacidad de desarrollo institucional hasta 2015.


Cabe mencionar que de no acatar en tiempo y forma las nuevas disposiciones, o de publicar información opaca o no verídica, los sujetos obligados podrán ser sancionados por la vía administrativa o penal que va de los cuatro a los siete años de prisión.




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