Salgado detalla estrategia para derrotar a Prida y a Meza


El titular del despacho Iura anuncia acciones legales en contra de la juez Décimo de lo Civil y los magistrados de la Primera Sala Civil


Explicó que desde el inicio del proceso se alegó que el acto reclamado por Prida en realidad no era un daño moral, sino que se trataba de un tema de libertad de expresión, pues quedó claro que involucraba a una persona pública


Héctor Hugo Cruz Salazar


El abogado Jesús Salgado Marín celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proceso legal iniciado por Armando Prida Huerta en contra de Arturo Rueda, y si bien éste cierra el litigio y el fallo final favorece a su cliente -el director editorial de CAMBIO-, el titular del despacho Iura anuncia acciones legales en contra de la juez Décima de lo Civil y los magistrados de la Primera Sala Civil que pronunciaron un fallo condenatorio contrario a derecho.


En entrevista con esta casa editorial, Salgado Marín dice que los juzgadores locales fallaron en contra de su cliente porque no tomaron en cuenta los alegatos de la defensa, tales como el hecho de que Prida se ostentó como personaje público, que se echaron abajo a los testigos presentados por el dueño de Síntesis por ser sus empleados, que la demanda fue presentada contra CAMBIO y no contra el director del medio, y que en todo el proceso jamás se presentaron pruebas que acreditaran el daño moral al quejoso.


Por ello no duda en presumir que la juez Décimo de lo Civil, Sandra Lucía Perea Iturriaga, y los magistrados de la Primera Sala Civil del Poder Judicial de Puebla, Blanca Louvier Díaz, Saúl Acosta Hernández y Álvaro David López Rubí, pudieron haber incurrido en el delito de la obstrucción de la justicia, por lo que hay lugar a un proceso penal en su contra: “si es necesario proceder a las denuncias en su contra, claro que lo vamos a hacer”.


Además, pondera que en los nueve meses que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil tardó en dictar una sentencia sobre el amparo directo presentado por la defensa, se realizó una reforma constitucional como consecuencia del caso Radilla que modifica los artículos 1 y 133 constitucionales, en los cuales ya se tenía que dar preeminencia a los tratados internacionales como norma supranacional, además de que también se da un pleito a nivel nacional entre La Jornada y Letras Libres que fue resuelto por el magistrado Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , y sentó las bases para dirimir los conflictos entre medios de comunicación.


Prida nunca probó el supuesto daño moral


Salgado Marín explicó que desde el inicio del proceso se alegó que el acto reclamado por Prida en realidad no era un daño moral, sino que se trataba de un tema de libertad de expresión, pues quedó claro que se el involucrado era una persona pública: “no hubo ninguna afectación hacia Armando Prida de forma pública, social ni privada. Nunca estuvo afectado y tan es así que salía en reuniones sociales, periódicos, se hacía ver en reuniones con rectores, con candidatos a la gubernatura”.


Además agrega: “Armando Prida se duele en su daño moral porque dice que no es una persona pública. Pero él mismo cayó en un error muy grave, pues alegó que entre sus múltiples ocupaciones era el director de la Fundalex, por lo que en este caso, estaba expuesto a la opinión crítica y es una persona pública, por lo que el rango de crítica es más amplio”.


El abogado del director de esta casa editorial también señala que los testigos presentados por Prida tampoco pudieron demostrar que éste había sido afectado por las publicaciones de CAMBIO e incluso los dos presentados fueron echados abajo: “echamos abajo a sus testigos porque uno era un amigo y otro uno de sus trabajadores, lo que está prohibido porque son testigos aleccionados”.


Relató que la parte más importante para la defensa se da en las declaraciones que hace el propio Armando Prida, pues cuando se le hace el pliego de preguntas, todas sus respuestas las responde en su contra y hasta termina por reconocer que él no se sentía dañado, sino ofendido.


Detalló también que en la lectura de la demanda del también presidente de la Fundalex se aprecia que la acusación era en contra de CAMBIO y no directamente contra Arturo Rueda: “acusa a CAMBIO representado por Arturo Rueda. Está acusando que un medio de comunicación poblano denominando CAMBIO lo está afectado, afectando a su periódico Síntesis, y la juez Décimo y los magistrados de la Primera Sala Civil no tomaron en cuenta ese enunciado, sino que se fueron bajo la presión y línea directa que les dictaron en ese entonces”.


Las irregularidades del Poder Judicial local


Héctor Hugo Cruz Salazar (HHCS): ¿Por qué las autoridades locales fallan a favor de Prida si nunca acredita un daño moral, y sobre todo después de haber quedado claro que se trataba de una persona pública?


Jesús Salgado Marín (JSM): Tráfico de influencias, qué otra cosa lo explica. Que la parte contraria haya amedrentado a la jueza. Estuvimos ahí en una audiencia cuando le robaron las pruebas que exhibimos, que eran unas fotografías. De qué otra forma nos podemos explicar que en menos de seis u ocho meses un juicio de daño moral lo haya resuelto una juez de primera instancia. No es normal, por ejemplo los magistrados federales se tardaron nueve meses nada más en dictar una sentencia de amparo. Entonces ahí sí aplicó la juez Décimo de lo Civil el artículo 17 constitucional, que señala que la justicia es pronta y expedita para ella.


HHCS: ¿Qué hizo la Primera Sala si había vicios en la resolución de la juez?


JSM: Pues como es sabido, Sandra Perea, la jueza Décimo de lo Civil, es esposa de uno de los magistrados que controla el Poder Judicial, Alfredo Mendoza. Entonces no la iban a exhibir, la tenían que cuidar y debían de avalar la sentencia emitida en primera instancia. Confirma en todos y cada uno de sus puntos la sentencia, hace valer la sentencia de la jueza Perea. Además nos dicen absurdamente la Primera Sala que nuestros conceptos de violación son inoperantes porque fueron repetitivos. Pero fuimos repetitivos porque nunca fue un daño moral y la Primera Sala de la Corte dijo lo mismo, al igual que el Tribunal Colegiado en el sentido de que no hubo daño moral.


HHCS: ¿Cabe presentar queja o denuncia contra juez y magistrados locales?


JSM: Claro que sí. Es más, hasta podría haber procesos penales por obstrucción a la justicia. Claro que sí. Y si previo cabildeo con Arturo así lo decidimos, iremos en contra de las responsabilidades que tenga la juez, porque el artículo 102 de la Constitución establece que los jueces y magistrados serán responsables en su actuar. La Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del estado establece también responsabilidades en su actuar. La Constitución Política de Puebla establece responsabilidades de igual manera. Si es necesario proceder a las denuncias en contra de la juez, claro que lo vamos a hacer. No debe de quedar esto impune y permitir a los jueces dictar sentencia y molestar a cualquier persona.


HHCS: ¿En el caso de los magistrados habrá algún procedimiento?


JSM: No cabe la queja porque desgraciadamente no tenemos en Puebla un Consejo de la Judicatura del estado. Sí podemos analizar la procedencia de una denuncia de carácter penal. Porque si nos quejamos ellos mismos, los magistrados, van a ser juez y parte porque van a resolver sobre el tema. Lo más conveniente es buscar otras vías para exhibir a estos magistrados, que por cierto tienen en promedio 20 años de ejercer sus cargos y pues no están para causar daño a las personas.


Dos reformas durante el proceso


Jesús Salgado recordó que durante los tres años que duró el litigio se dio una reforma constitucional como consecuencia del caso Radilla, por el que se reformaron los artículos 1 y 133 constitucionales, en los cuales ya se tenía que dar preeminencia a los tratados internacionales como norma supranacional, es decir, cuando un tratado protege más a un individuo que el propio ordenamiento jurídico interno, los jueces y magistrados deben aplicar los tratados internacionales: “y es ahí donde se evidencia el desconocimiento de la jueza de primer grado, la Décimo de lo Civil, así como de los magistrados de la Primera Sala Civil, porque nunca aplican nada y se van a la buena de dios. Pensando y creando sus teorías y asegurando que hubo daño moral, pero nunca hacen un análisis de la libertad de prensa y expresión”.


Además, el pleito legal entre La Jornada y Letras Libres quedó resuelto durante el periodo en que el caso Prida vs Rueda o CAMBIO vs Síntesis estaba en el Colegiado en Materia Civil y fue resuelto por el magistrado Arturo Zaldívar Lelo de Larrea de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la que dice que cuando dos medios de comunicación sostienen un debate no se habla ni de daño moral ni de prestigio, se habla de un mercado de ideas en el cual en todo sistema democrático se debe tener conocimiento de los hechos que se debaten entre los medios: “entonces ofrecemos un alegado dentro de este juicio de amparo y les decimos a los magistrados que estaban conociendo nuestro caso sobre las nuevas bases que sentó la primera sala de lo que quiere decir una discusión entre medios, que es lo que nos ocupaba”.


Por ello señaló que los magistrados federales tardan en resolver nueve meses, bajo el argumento de que se había presentado un alegato muy importante a tomar en cuenta en el caso local de Puebla para tomar como punto de resolución las nuevas bases del daño moral en México emitidas por el ministro Zaldívar: “la sentencia del caso La Jornada vs Letras Libres que exhibimos tiene que ser publicada en el semanario judicial para que sea oficial y obligatoria. Ese no es un procedimiento que se lleva de la noche a la mañana. Una vez que fue publicado en el semanario judicial de la federación, dictan su sentencia. Los magistrados dicen que se habla de dos medios de comunicación, no de personas físicas. De un director de Síntesis y el director de CAMBIO.




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