La propuesta de reforma del presidente de la República propone modificar el texto de la Constitución en sus artículos 27 y 28 para eliminar la exclusividad del Estado sobre los hidrocarburos y la electricidad, además de quitarles la condición de sectores estratégicos. A decir de los funcionarios del sector, la propuesta permitirá la celebración de “contratos de utilidades y riesgos compartidos”, con ello se abre la posibilidad de que los particulares participen en la extracción de petróleo, petroquímica básica; generación de electricidad; extracción, transportación, distribución y comercialización de gas natural, así como refinación y comercialización de gasolina. La propuesta es tan escueta pero tan significativa que supone un cheque en blanco, pues de darse hará posible que las reformas a leyes secundarias y reglamentarias favorezcan a intereses aun desconocidos.

La alternativa es más simple de lo que parece. Si a PEMEX lo que le falta son recursos, lo mejor es invitar a los contribuyentes mexicanos a participar como socios en la capitalización de la empresa, mediante una reforma fiscal que permita disminuir la carga tributaria a la paraestatal. Además, si la reforma fiscal es ineludible para lograr la participación de capital privado en el sector y los contribuyentes tendremos que reponer los recursos que el petróleo dejará de aportar al erario, es mil veces preferible que el Estado administre esos excedentes para que se reinviertan en el país y no que vayan a parar a Francia, Inglaterra, Holanda o los Estados Unidos.

Algunos analistas comentan que la reforma es mucho más que la extracción de petróleo, ya que el gas natural, la petroquímica básica y la electricidad son negocios también muy importantes. En cuanto al gas se dice que la inversión requerida es muy elevada y que el retorno es a largo plazo, razón por la cual resulta conveniente la participación del sector privado, que cuenta con acceso a recursos financieros a bajo costo, tecnología y la experiencia necesaria para sustituir de manera eficaz al Estado. Suena razonable.

La petroquímica y particularmente la refinación de gasolina son actividades que los gobiernos mexicanos han abandonado en forma por demás sospechosa. El valor de un barril de petróleo refinado y convertido en otra sustancia es mucho mayor que en crudo, y uno no se explica porqué se dejó de invertir en el sector. Ante la desinversión del Estado corresponde una creciente importación de combustibles a costos elevados y dejando importantes ganancias a las empresas navieras que los transportan, negocio que por cierto ha enriquecido a la familia del finado Juan Camilo Muriño. Así que mientras usted y yo pagamos todos los meses un incremento a la gasolina, el diesel y el gas, PEMEX compró una refinería en los Estados Unidos, vendió la más importante que tenía en territorio nacional y no construyó la que prometió en el estado de Hidalgo. Maldita surte la nuestra.

En materia de de generación de energía eléctrica, según datos de la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad aporta el 95 porciento de toda la electricidad generada en el país, el 4.9 porciento la generan particulares y solo el 0.1 porciento es energía importada. Las reformas que se hicieron en tiempos de Ernesto Zedillo facultan a los particulares a generar electricidad para su consumo y los excedentes los adquiere la CFE a un costo que no nos fue posible conocer, dado que extrañamente no es información pública. En este respecto, algunos afirman que la CFE adquiere energía de particulares a un costo por encima del que le cuesta a ella generarla, y también afirman que la paraestatal deja capacidad ociosa que sustituye con energía generada por particulares, hecho que tampoco nos fue posible verificar. En cualquier caso no es claro el motivo de la reforma para liberar completamente la generación de energía eléctrica. La demanda del mercado nacional puede abastecerse sin problemas con el actual esquema jurídico, entonces ¿en dónde está la ventaja de una reforma?

Para ser específicos, la propuesta de reforma al artículo 27 le quita 42 palabras y le adiciona 35 al texto constitucional. La reforma al artículo 28 solo le quita 7 palabras y le agrega 21, pero todas son las palabras significativas. Con esta reforma en los hechos cualquiera puede participar en el sector energético, salvo en materia de energía nuclear, a través de contratos como quedaría señalado en el artículo 27. Pero no se ofrecen las reformas a las leyes secundarias y por ello nos dejan sin poder conocer las condiciones en que podrán otorgarse esos contratos.

Nadie en su sano juicio puede confiar en que el capital privado sea la solución para el sector energético de México. El conocimiento de la historia no admite defensa a la pretensión de Enrique Peña Nieto, particularmente por la voracidad con la que actúan las empresas transnacionales y su muy conocida práctica de burlar las leyes de los países extranjeros en que operan. Si a ello le agregamos que la privatización en México ha sido el mejor negocio de los amigos del presidente (Salinas) y que en nada han contribuido al desarrollo nacional, tenemos argumentos para oponernos a la reforma energética del régimen.

Así las cosas, el Ejecutivo Federal solicita al Poder Legislativo que le entregue “un cheque en blanco” con solo ofrecer el texto de reformas constitucionales ¿Por qué no se ofrecen las reformas a las leyes secundarias? Porque lo difícil es obtener la reforma constitucional que para lograrse requiere de mayoría calificada, es decir, de dos tercios de los votos de las cámaras de diputados y senadores. Si se ofrecen las leyes secundarias solo se contamina la discusión que podría obstaculizar la reforma al texto constitucional. Una vez conseguida la reforma a los artículos 27 y 28, las reformas secundarias son mucho más simples de lograr porque solo requieren de mayoría simple, la mitad más uno de los votos.

Me pronuncio por no cambiar el texto constitucional sin que se conozcan las reformas a las leyes secundarias. Habría que evaluar que porcentaje de la renta se otorgará a las empresas contratadas, por cuanto tiempo se serán válidos los contratos, si habrá transferencia de tecnología, quién controlará los volúmenes extraídos o generados, cómo será el régimen laboral y fiscal de PEMEX y CFE, cuánto se incrementará la carga tributaria para compensar la pérdida de ingresos, entre otros factores.

En México las instituciones del Estado son débiles e incapaces de hacer efectivas las leyes ante las grandes empresas. Me preocupa imaginar que se cambia la Constitución para que unos pocos hagan grandes negocios y todos los demás nos fastidiemos pagando más impuestos y sin aprovechar la riqueza nacional. La mula no era arisca, a privatizaciones la hicieron.