Los datos revelan que el estado de Puebla se encuentra por encima del promedio nacional en todos los tipos de pobreza (alimentaria, capacidades, patrimonio) y no ha cambiado en los últimos 20 años. En el año 1990 el 34.2 por ciento de la población del estado se encontraba en situación de pobreza alimentaria, sin suficiente ingreso para adquirir una canasta alimentaria básica así dedique todo el ingreso disponible a dicho fin. En el año 2010 la proporción de pobreza alimentaria alcanzaba al 30 por ciento de la población del estado, lo que implica una reducción de 4.2 por ciento que ahora vive en condiciones de pobreza de capacidades o de patrimonio, pero permanece pobre. Y esto se debe a que dos tercios de la población del estado sufre condiciones de pobreza de patrimonio desde 1990 hasta el 2010, sin que se registre ningún cambio significativo.
La medida de distribución del ingreso que proporciona el índice de Gini demuestra que el estado de Puebla ha mejorado en términos de desigualdad económica con respecto al país y a como estaba en 1990, al pasar de 56.3 a 48.6 en 2010. Sabemos que una reducción del índice de Gini en México puede explicarse más por periodos de contracción económica que por mejoras estructurales que tiendan a igualar a la población, sobre todo si observamos que la pobreza no ha disminuido en los últimos 20 años.
Los datos del municipio de Puebla son alarmantes, ya que todos los indicadores de pobreza muestran un incremento desde 1990 hasta 2010. Quizá usted amable lector no lo sepa pero nuestra ciudad capital es el municipio con mayor cantidad de población pobre en el país, ningún otro de los más de 2 mil 500 municipios tiene más gente en condiciones de pobreza que el municipio de Puebla. En 2010 el 41.6 por ciento de la población era pobre, equivalente a 732 mil personas, y si la tendencia persiste en 2013 seguramente más gente sufre esta penosa condición.
Puebla es un caso típico de lo que la democracia le ha traído a México: gobiernos que invierten sus recursos en grandes obras viales, remodelación de fachadas y pavimentación de calles, sin mejorar las condiciones de marginación en que gran parte de sus habitantes están confinados. La competencia política hace que los gobernantes prefieran gastar en obras cosméticas a invertir en la atención a rezagos sociales, simplemente porque persiste la creencia de que la inversión social tiene un retorno de capital político a largo plazo. En la visión de los gobernantes el largo plazo no existe, pues para mantener el poder solo importa la próxima elección. Esta conclusión amable lector no es solamente mía, la he escuchado en decenas de sesiones de grupos focales a lo largo del país.
Ahora pregunto, ¿es posible plantear un gobierno que invierta en las personas y conserve, mediante esa política, el apoyo popular? Yo creo que sí es posible siempre que se haga bien y con voluntad.
Hace algunas semanas participé como ponente en los foros ciudadanos que organizó el equipo de transición de Tony Gali. En aquella ocasión comenté que el municipio como nivel de gobierno es el único capaz de combatir la pobreza con eficacia, pero es el menos provisto de facultades legales y presupuestales para lograrlo. Es difícil imaginar que la señora secretaria de Desarrollo Social o su delegado en el estado de Puebla, tengan idea de qué hacer para mejorar las condiciones de comunidades como El Aguacate, La Resurrección o San Miguel Canoa en nuestro municipio, a diferencia del presidente municipal quien seguramente podría intervenir de forma más eficaz y decidida para ayudar a esas personas. Sin embargo, el presupuesto para combate a la pobreza se empaqueta en programas federales que generalizan la manera de atender el problema, resuelven poco y cuestan enormes cantidades de recursos.
La visión del combate a la pobreza debe partir de lo local, porque los pobres viven en comunidades pobres, el origen de su condición es independiente al de otras comunidades y la forma de revertirla también es particular. Si bien la pobreza es un fenómeno de masas asociado al éxito o fracaso de la economía, la forma de salir de ella es individual; familia por familia, comunidad por comunidad. En el foro propuse que las políticas públicas de combate a la pobreza partieran de poner al ser humano en el centro del problema y atender las causas que impiden su desarrollo, que en mi opinión son tres: La desintegración social, la cultura de la pobreza y la incapacidad de autosuficiencia.
Es necesario integrar a los pobres a la sociedad por diferentes medios: la cultura, el deporte, la educación, la capacitación para el trabajo, el sano esparcimiento. Una persona integrada al cuerpo social de algún modo cuenta con elementos de donde partir para mejorar su vida. Revertir la cultura de la pobreza significa cambiar la idea de que ser pobre es un destino, y peor aún, ya que en México ser pobre trae beneficios como dinero en efectivo del programa Oportunidades. Por eso creo que modificar el paradigma cultural de la pobreza implica un cambio de valores, principalmente el del trabajo. Y finalmente, tenemos que ayudar a crear los medios para que los pobres sean autosuficientes. En este sentido, habrá que impulsar actividades productivas donde ellos mismos participen y se beneficien, pues difícilmente la economía va a proveer de suficientes empleos bien remunerados para que los pobres mejoren sus condiciones.
Hay muchas medidas que el gobierno puede tomar para atender la pobreza con este enfoque, hace falta voluntad política porque conocimiento existe y de sobra.
La tarea no es simple pero tampoco es imposible. Tony Gali tiene la obligación moral e histórica de hacer que cambien las cifras de pobreza en el municipio, y nosotros como sociedad civil tenemos la obligación de ayudarle y de exigirle que así sea.
