Saturday, 08 de August de 2020


La laicidad en disputa




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La laicidad no es un tema nuevo ni peregrino en el marco del Estado mexicano. Se trata en realidad de un tópico añejo, de más de un siglo de historia, de encuentros y desencuentros. El debate respecto a la laicidad encontró su punto más álgido a la mitad del siglo XIX, momento histórico fundamental sin el cual sería imposible entender el México de hoy.

Recientemente ha resurgido un debate interesante respecto a la laicidad en nuestro país, a partir de las reformas a los artículos 40 y 24 constitucionales. Cada una de las enmiendas constitucionales respondieron a uno de los bandos en disputa: la primera reforma, a los laicos; la segunda, a las iglesias. Per mucho me temo que el debate ha sido fundamentalmente pobre, sobre todo a partir de la imposición antes que el diálogo y el radicalismo antes que la razón. Una y otra reforma pasaron el proceso legislativo que obliga al Constituyente Permanente a intervenir por ser ambas de carácter constitucional, pero en el Diario de los Debates podemos constatar que la pobreza de las discusiones fue la constante en el seno de las cámaras federales, ya  no digamos las locales.

 

 

En 1857 se consolidó la separación de las iglesias y el Estado no sin antes presenciar sendas y sangrientas batallas de los bandos en disputa: por un lado los liberales, impulsores de una ética laica desde el Estado y por otro los conservadores, quienes pretendían mantener los privilegios del clero (fundamentalmente el católico) en nuestro país. La promulgación de las denominadas Leyes de Reforma, la Guerra de los Tres Años, ulterior a la promulgación de la Constitución antedicha y hasta la invasión francesa a nuestro territorio fueron el marco de un país convulso y cuyo corolario fue el triunfo liberal y el triunfo de la laicidad.

 

 

La libertad de cultos se consagró en la Carta Magna desde entonces y la Constitución de 1917 no la soslayó. Sin embargo, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias tuvo que esperar muchos años más. Entre tanto, otros capítulos de la historia nacional también cimbraron las relaciones iglesias-Estado: por ejemplo, la guerra cristera entre 1926 y 1929 lastimó severamente los avances de un México libre y laico. Cosa curiosa: los lastimados fueron los creyentes católicos y el agresor, el gobierno constitucional. La libertad fue conculcada por el Estado, violentando con ellos los principios más básicos de la democracia. Otro ejemplo, en este caso institucional y no violento, fue el reconocimiento constitucional de las iglesias por la Ley Fundamental de 1917.

 

 

            Transcurrieron 75 años, desde 1917 hasta 1992 que el Estado mexicano reconoció la existencia y personalidad jurídicas de las iglesias en México. Un auténtico impasse jurídico fue el que se vivió en México por tres cuartos de siglo y, desde entonces, la libertad de creencias y el reconocimiento de las órdenes eclesiásticas se convirtieron en una realidad jurídica protegida por la propia Constitución. La reacción a dicho paradigma no se ha hecho esperar, pues las corrientes laicas se dijeron agraviadas con la decisión del Estado mexicano y desde entonces han promovido una especie de contra reforma secular, representada muy recientemente con la modificación al artículo 40 constitucional, que consagra una forma de gobierno en México basada en la república representativa, democrática, laica y federal. Reforma inocua e inicua: inocua por inútil e inicua porque se emprendió gracias a las voces más radicales del secularismo en México. A la contra reforma secular –como ya dijimos, precedida por la reforma de 1992- sobrevino más recientemente la reforma de la contra reforma, es decir, la voz de las iglesias para insertar una nueva modalidad de libertad de cultos a partir de la modificación del artículo 24 constitucional.

 

 

            Uno y otro bando, usando las palabras de Gabriel Zagrebelsky, parecen que han depuesto el armisticio en el que se encontraban y luchan por los espacios institucionales cuerpo a cuerpo. En este contexto, las reformas no sólo no han  abonado al perfeccionamiento del Estado mexicano laico, sino que han ahondado las divergencias y profundizado los radicalismos. Los congresos locales, a partir de la reforma al artículo 24 constitucional, van por reformas que aterricen en las entidades la libertad de creencias, provocando el reclamo de los seculares. Y es el cuento de nunca acabar, pues mientras estas discusiones estériles se siguen prohijando entre la clase política, muchos temas pendientes de la agenda nacional siguen esperando su turno.

 

 

*Regidor con licencia del PAN en el Ayuntamiento de Puebla.

 

 

 

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