El actual encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), Juan Sánchez Zarza, fue exhibido en el Congreso por los pecados cometidos por su anterior jefe, Ardelio Vargas Fosado, entre los que destacaron la salida de Alfredo Arango para ser atendido en el hospital de la UPAEP, la fuga de 11 reos del penal de San Pedro Cholula en 2011, los actos de corrupción de la Policía vial y el incremento en la presencia del crimen organizado en zonas limítrofes del estado.

Sin los privilegios de pertenecer al mismo partido, la diputada Mónica Galindo cuestionó la salida del exsecretario de salud del gobierno marinista Alfredo Arango, para ser atendido en un hospital particular debido a una presunta enfermedad de la columna, por lo que exigió que el encargado de la SSP detallara quién otorgó la autorización y si todos los presos tienen esos privilegios.

Ante este señalamiento, Sánchez Zarza señaló que la autorización la otorgó el juez Octavo de lo Penal después de que el dictamen respaldara la necesidad de ser intervenido en un hospital particular, ya que el Hospital General del Sur —encargado de atender a los internos— no contaba con la indumentaria necesaria y aseguró que se procedería de la misma forma en caso de tratarse de otro interno.

La fracción priista centró sus cuestionamientos en los operativos realizados recientemente en el penal de San Miguel, en el que tuvo participación elementos del Ejército mexicano, manifestando su preocupación a que se dé un nuevo caso de fuga como el ocurrido en 2011 cuando 11 reos del penal de Cholula se escaparon por un boquete que construyeron con la complacencia de las autoridades del penal.

Ante este señalamiento, Sánchez Zarza aseguró que el objetivo del operativo fue preventivo para detectar la presencia de instrumentos prohibidos que puedan atentar contra la seguridad al interior del penal. Detalló que elementos del Ejército mexicano participaron en la revisión, sin embargo aclaró que sólo vigilaron el perímetro, pues los encargados de efectuar las acciones al interior del Cereso fueron los custodios de la Policía estatal.

Reconoce presencia de Zetas en Puebla

Contrario a la constante negativa de Ardelio Vargas para reconocer la presencia del crimen organizado en la entidad, el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Sánchez Zarza sí aceptó la presencia de grupos delictivos como los Zetas, quienes detalló, provienen de Veracruz, Guerrero y Morelos.

Destacó que la presencia de estos grupos ha generado un incremento en delitos como el narcomenudeo, extorsión y secuestro, principalmente en zonas de la Sierra Norte y la Mixteca poblana, además de una ola creciente de robo de vehículo en el corredor Tehuacán-Orizaba, los cuales aclaró que no son despojados para ser vendidos, sino para cometer otros ilícitos. 

Agregó que muchas de las muertes registradas recientemente en la entidad están relacionadas con el crimen organizado, aunque no las quiso catalogar como ejecuciones. “Ejecuciones es un término cargado de demasiado contenido, yo siempre he mencionado que son homicidios de alto impacto, algunos de ellos con eventuales nexos con delincuencia organizada”, detalló el funcionario.

Explicó que las acciones de la SSP para disminuir la penetración del crimen organizado en las zonas fronterizas de la entidad se basan en la colocación de elementos en las Bases de Operación Mixta (BOM), quienes en coordinación con la Policía estatal realizan recorridos de vigilancia en los puntos de acceso al estado.

Corrupción en la SSP

Sánchez Zarza aceptó que existen al menos ocho elementos de la Policía vial que son objeto de quejas por estar relacionados con actos de corrupción en la Policía estatal, quienes ya fueron suspendidos de sus cargos y que están en proceso de investigación para obtener su cese definitivo.

En materia de Derechos Humanos, dio a conocer que los uniformados están recibiendo capacitación y recomendaciones por parte de la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, para respetar la integridad de los ciudadanos, aunque reconoció que estas medidas tienen que estar complementadas de constante supervisión.