La Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia (CEAMPAJ) no ejerció el recurso de 37 millones de pesos que el gobierno federal entregó en 2012 y 2013, a través de contratos, para la apertura de tres casas de justicia en el estado como parte del nuevo sistema judicial y la implementación de los juicios orales.
Ayer, ante la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso del estado, el secretario técnico de la CEAMPAJ, Luis Francisco Fierro Sosa, reconoció el fracaso en la implementación de las salas de juicios orales en los distritos judiciales de Huauchinango e Izúcar de Matamoros, estipuladas para este año, por lo que pidió una prórroga hasta el 2014 para su apertura, pues aún no se contaba con los terrenos, ni el presupuesto para iniciar las obras.
Este año el gobierno del estado recibió 19.9 millones de pesos para las obras de infraestructura, mientras que en el 2012 fueron pactados en el convenio de coordinación para el otorgamiento del subsidio para la implementación de la Reforma del Sistema Judicial Penal 17.1 millones de pesos
El convenio fue celebrado entre el entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero y el gobernador del estado Rafael Moreno Valle Rosas, firmado el 30 de marzo del año pasado.
En este contrato entre la Federación y la administración morenovallista se estableció que la CEAMPAJ tendría que destinarlo para el desarrollo prioritario del proyecto que incluye: creación o adecuación de infraestructura, adquisición de equipo, desarrollo tecnológico para las casas de justicia especiales para los juicios orales.
Las aportaciones de los recursos federales se realizaron en dos partes; la primera aportación fue equivalente al 60 por ciento de la totalidad de los recursos asignados, es decir 10.3 millones de pesos, monto que fue recibido 30 días después de signar el convenio.
Mientras que 40 por cierto restante del monto federal, 6.8 millones de pesos, serían recibidos de acuerdo al avance en los proyectos establecidos dentro de los objetivos establecidos entre las partes y la calendarización correspondiente.
Sin embargo la única Casa de Justicia que hasta el momento se ha inaugurado fue la del municipio de Teziutlán, el pasado 23 de enero. El costo total de la construcción fue de 32 millones de pesos, de los que el gobierno estatal aportó 22 millones y el ayuntamiento 10 más para obras complementarias.
Asimismo, el contrato de colaboración estableció que los recursos asignados deberían llevarse a cabo únicamente dentro del ejercicio fiscal 2012.
La Secretaría General de Gobierno (SGG) tenía la obligación de entregar un informe del uso de los recursos a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec).
