Será hasta finales de octubre cuando las autoridades locales entreguen los seis cuerpos que quedaron calcinados en la explosión que se registró en la gasera Tomza ubicada en la zona industrial de Chachapa, Amozoc, el pasado martes, de los cuales tres son reclamados por el gobierno de Hidalgo al ser originarios de esa entidad, reveló el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas.

En entrevista tras encabezar el arranque de la campaña Anticorrupción, reconoció que existe inconformidad entre las familias por el tiempo que se está tardando la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en darles respuesta, pero justificó que por la forma en la que quedaron los restos es imposible conocer su identidad.

“El problema es que la mayor parte de los cuerpos están carbonizadas (…) Necesitamos aplicar técnicas de identificación para que, con claridad, se puedan entregar”, comentó el funcionario.

Informó que el fin de semana recibió una llamada por parte del secretario de Gobernación de Hidalgo, quien le solicitó colaboración para que las familias de tres de estos empleados que perdieron la vida los puedan recoger.

De acuerdo con la información que el procurador de Justicia en el estado, Víctor Carrancá Bourget ha dado, los especialistas están trabajando al límite de los tiempos establecidos en este tipo de casos para la identificación de los cuerpos a través de pruebas periciales. “Por ello, le pido a las familias su comprensión. Hay que esperar. Calculamos que ya a finales de mes”, indicó.

Cuestionado sobre la responsabilidad que tiene en este hecho la presidenta del municipio de Amozoc así como del estado ante las presuntas irregularidades en las que venía operando la firma, Maldonado evadió responder y únicamente se limitó a pedir que se espere los resultados que emitan las comisiones que están a cargo de las investigaciones.

“Todo lo que tiene que ver en materia de riesgos de trabajo es una facultad del gobierno federal, como los programas de supervisión por el tipo de material que se utiliza. No está en manos de los municipios ni de los gobiernos estatales”, sostuvo.

Aunque no mencionó cantidades, el secretario aseguró que los representantes de la empresa se han comprometido en liquidar seguros de vida a los deudos de las seis personas fallecidas, además de indemnizar a quienes resultaron lesionados y cubrir normalmente los salarios de los empleados activos.

En la mañana del miércoles pasado, un día después de la explosión, agentes del Ministerio Público con sede en el municipio de Tepeaca, determinaron como desconocidos números 24, 25, 26, 27, 28 y 29 estos seis obreros que perdieron la vida en el lugar el mismo día de la tragedia.