Tras cerrar el año con “números rojos” en materia de seguridad y dejar a Puebla como el cuarto estado con más incidencia delictiva, Ardelio Vargas Fosado deja su cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) para integrarse al equipo de trabajo de Enrique Peña Nieto como comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), en sustitución de Salvador Beltrán del Río Madrid.

El anuncio se hizo oficial después de que la Secretaría de Gobernación federal a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, emitiera un comunicado ayer por la noche en el que designa a Ardelio Vargas Fosado como el nuevo comisionado del INM, aunque la dependencia estatal se ha negado a confirmar la información oficial.

Con la salida de Vargas Fosado, trascendió el nombre de un integrante de la corporación que será designado como encargado de despacho en lo que el Ejecutivo estatal designa un nuevo secretario, se trata del subsecretario de Inteligencia e Investigación de la SSP, Zeferino Juan Sánchez Zarza.

Minutos antes del Segundo Informe de Gobierno de Rafael Moreno Valle, el ahora extitular de la SSP informó que en diciembre tuvo una reunión en la que se acordaron cambios en la estrategia de seguridad: “yo recientemente tuve una reunión hacia el fin de año con el grupo de Coordinación Interinstitucional y señalamos el replanteamiento de la estrategia, pronto estarán viendo los cambios en seguridad pública y procuración de justicia”, sin especificar qué tipo de cambios.

Ardelio y sus números

El incremento en la incidencia delictiva de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el uso excesivo de la fuerza, así como sus singulares declaraciones fue lo que caracterizó los dos años que Vargas Fosado estuvo al frente de la SSP.

Vargas Fosado tomó las riendas de dicha secretaría en febrero de 2011, con un amplio currículum en materia de seguridad después de ser agente investigador, jefe de departamento, subdirector, delegado estatal, director del área de Inteligencia y director del área de Contrainteligencia, desde 1990 hasta 2005 en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Desde entonces las cifras del SNSP empezaron a reflejar un incremento en el número de delitos cometidos en la entidad, siendo el robo el que mayor aumento tuvo durante estos dos años. De acuerdo con estas cifras, en 2010 —último año del gobierno marinista— se cometieron 69 mil 349 delitos en total, mientras que en 2011 la cifra se elevó a 83 mil 225, es decir 20 por ciento más. El incremento no se detuvo en 2012, pues pese a que no se tienen los datos de diciembre pasado, las cifras de enero a noviembre de 2011 indican que se registraron 75 mil 615 delitos, mientras que en ese mismo periodo de 2012 fueron 89 mil 433, lo que representa un nuevo incremento del 18 porciento.

El robo fue el delito que más impactó a los poblanos durante su administración, pues de 25 mil 509 registrados en 2010 incrementó a 35 mil 733 en 2011, lo que representa 40 por ciento más que el último año marinista. De igual forma, se aprecia el aumento de 30 por ciento en este delito para 2012, al pasar de 32 mil 143 en los primeros 11 meses de 2011 a 41 mil 787 en ese mismo periodo de 2012.

Mano dura

El uso de la fuerza pública generó críticas a su administración, después de que estuviera envuelto en dos casos de agresión contra reporteros. El primero durante un conflicto en Chignahuapan ocurrido en diciembre de 2011, cuando un grupo de reporteros fue agredido por policías estatales mientras cubrían un enfrentamiento entre los uniformados y campesinos, en el que los periodistas fueron confundidos con los quejosos y luego de ser golpeados los despojaron de sus cámaras y grabadoras.

El secretario lejos de negar lo ocurrido, declaró “durante las acciones es difícil distinguir quién es quién, por eso yo les pediría a los compañeros de la prensa que si cubren ese tipo de eventos lleven algo que los diferencie”.

Menos de un año después dos reporteros fueron “levantados” por policías estatales, quienes después de privarlos de su libertad por más de dos horas, los despojaron de sus pertenencias y los abandonaron en Ciudad Judicial. Con la presión de la prensa encima, los responsables fueron detenidos semanas después.