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Pruebas contra detenidos de Guadalupe son suficientes: PGJ

Miércoles, 13 Noviembre 2013 01:39
El procurador indicó que dentro de los siguientes cinco meses serán juzgados dentro del marco legal del nuevo sistema de Justicia, Carrancá Bourget aseguró que las cinco personas detenidas permanecerán en prisión preventiva durante su vinculación a proceso por su participación en la quema de la presidencia municipal
  • Elvia Cruz



Hay pruebas suficientes para que los cinco habitantes de Guadalupe Victoria paguen con una pena corporal su participación en la quema de la presidencia municipal del lugar, e inmuebles particulares como la casa y clínica del edil con licencia, Felipe Cortés, confirmó el procurador del estado, Víctor Carrancá Bourget.



En entrevista sobre el tema indicó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) obtuvo a través de diversas pruebas debidamente sustentadas, que el juez de control vinculara a proceso a Pedro Enrique Islas Espinoza, José Islas Espinoza, Pedro Islas Navarro, José Irineo Santiago Arcos Romero y Zenón Romero Mata, quienes fueron detenidos hace dos semanas por presuntamente incitar a más de 500 pobladores a cometer esos hechos violentos.



Indicó que dentro de los siguientes cinco meses serán juzgados dentro del marco legal del nuevo sistema de Justicia. Estarán en prisión preventiva durante su vinculación a proceso, lo que equivale a tener un auto de formal prisión en contra en el proceso normal.



En días pasados, el juez de control consideró que los argumentos del agente del Ministerio Público de Teziutlán “se encuentran debidamente sustentados con suficientes elementos de prueba y dictó auto de vinculación a proceso”, con lo que el gobierno ha argumentado que las detenciones no fueron ilegales como han denunciado los familiares de los hoy procesados.



Esas personas están acusadas de los delitos de daño por incendio, daño en propiedad ajena doloso, ataques a las vías generales de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte y motín.



La primera audiencia pública y oral se dio de 11 a 17:30 horas del martes, lapso en que el que el juez determinó que la autoridad judicial tiene la razón en los delitos que se les imputa.



Fue el asesinato de un comerciante de la población lo que desató una violenta protesta de un grupo de pobladores, quienes incendiaron el palacio municipal, cuatro patrullas, dos inmuebles y un vehículo del alcalde Felipe Cortés —quien solicitó licencia indefinida tras huir del pueblo cuando vio incendiados sus inmuebles—.

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