México ha puesto en marcha una de las iniciativas más ambiciosas de su historia reciente: la reforma del sector energético. El presidente, Enrique Peña Nieto, presentó el pasado lunes su propuesta para abrir al capital privado la producción de hidrocarburos y poner fin a 75 años de monopolio estatal.

El asunto toca la fibra más íntima del país, que conmemora cada año la expropiación petrolera de 1938 como símbolo del orgullo patrio. Pero este bagaje sentimental ha acabado convirtiéndose en un lastre para el desarrollo. La estatal Pemex es un gigante obsoleto y afectado por la corrupción. Baste señalar que la producción petrolera se ha reducido en una cuarta parte en los últimos diez años. Y que México, que cuenta con enormes reservas de hidrocarburos, debe importar ya gas y gasolina.

Peña Nieto sabe que camina en un campo minado y, hábilmente, ha reivindicado el espíritu de Lázaro Cárdenas. El padre de la nacionalización petrolera nunca rechazó la inversión privada, que se prohibió dos décadas más tarde. Y así, el presidente mexicano dice volver a los cánones del cardenismo con una reforma cauta: no se trata de privatizar, sino de abrir la puerta a la inversión para la exploración y explotación, sobre todo en yacimientos no convencionales (petróleo en aguas profundas y gas de esquisto). No habrá concesiones, sino contratos de utilidad compartida, siguiendo el modelo de Ecuador, Irán o Irak. También quiere impulsar la participación de particulares en la generación de electricidad, lo que abarataría el costo para empresas y ciudadanos.

El conservador Partido Acción Nacional (PAN), partidario de liberalizar el sector, considera la reforma insuficiente. Pero es improbable que se oponga a ella. Esto le garantizaría al gubernamental PRI más de los dos tercios necesarios en el Congreso para reformar la Constitución.

La izquierda radical, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, habla de “atraco” y promete movilizar a las masas. En cambio, la izquierda moderada del PRD, en minoría en el Legislativo, se opone a tocar la Carta Magna y propone cambios en el régimen fiscal y presupuestario. Pero en el partido no faltan dirigentes que quieren sacar tajada en su lucha por el liderazgo y abogan por romper la baraja. Sería deseable que el PRD se mantenga unido y fiel al espíritu de diálogo que le llevó a firmar el Pacto por México. En juego está la viabilidad económica del país.

Fuente: El País