Apenas 500 personas de distintas organizaciones afines a la izquierda poblana se unieron para marchar contra la privatización del agua, con el objetivo de difundir entre la gente su postura en torno a la iniciativa que fue aprobada por el Congreso del estado para delegar a particulares la prestación del servicio de agua potable en la ciudad, pues aseguran que con esta medida se corre el riesgo de aumentar los costos por un servicio que no debe ser cobrado, ya que es un derecho humano.
Como parte de esta movilización, los inconformes clausuraron simbólicamente el palacio municipal, pues colocaron pancartas con la leyenda “clausurado” y “no a la privatización del SOAPAP”, ante la mirada de los elementos de seguridad municipal, quienes se mantuvieron pendientes de que la manifestación no se saliera de control.
La convocatoria para congregar a medio centenar de personas en el “Gallito” y partir al zócalo de la ciudad con sus consignas se realizó por medio de las redes sociales como Facebook y Twitter.
Dentro de las organizaciones que marcharon ayer se encuentran los comerciantes de la 28 de Octubre, el grupo de maestros disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), representantes del Sindicato de Telefonistas, pensionados del IMSS, habitantes de otros municipios como Amozoc, Acajete y Tepeaca, así como otros grupos que se han caracterizado por apoyar los movimientos de izquierda en la capital.
Entre los organizadores destacó la presencia del regidor perredista David Méndez Márquez, quien explicó que además de la protesta, el movimiento tiene como objetivo informar a la ciudadanía de los riesgos que se corren con la privatización del SOAPAP, además de afirmar que la lucha legal sigue en pie ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En ese sentido, explicó que fueron interpuestos más de 3 mil amparos contra esta iniciativa, y aunque la corte determinó desechar el formato que exige la suspensión definitiva de la reforma, aseguró que aún están vigentes cinco formatos jurídicos para impedir que se privatice el servicio del agua.
