El pasado 9 de agosto el gobierno morenovallista interpuso un recurso de revisión en el juzgado Tercero de Distrito, con sede en Puebla, en contra de la sentencia dictada a favor de Autovías Concesionadas OHL, en la que la justicia federal le concedió el amparo en contra del rescate de la concesión del Libramiento Norte que fue declarada por la gestión estatal el 9 de mayo de 2012.

Ayer, el tercer Juzgado de Distrito publicó la recepción del oficio presentado por el “secretario de Administración del Gobierno del estado de Puebla” en contra de la sentencia dictada a favor de OHL en el juicio radicado en el expediente 895/2012.

OHL anunció el pasado 2 de agosto —en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores— que obtuvo de manera definitiva un amparo en contra de la decisión del gobierno de Puebla de retirarle la concesión para la construcción y operación del Libramiento Norte, obra que a pesar que desde el 9 de mayo de 2012 había sido rescatada por el gobierno estatal, la empresa la seguía presumiendo en su informe anual para sus inversionistas.

El boletín emitido por la transnacional señala que “la sentencia dictada en el juicio de referencia, reitera el otorgamiento del amparo a Autovías Concesionadas OHL, SA de CV, con lo cual se declara insubsistente el acuerdo que contiene la declaratoria de rescate emitido por las autoridades del gobierno del estado de Puebla. Asimismo, se establece que previo a cualquier rescate, Autovías Concesionadas OHL, SA de CV, tendrá derecho a defender sus intereses conforme a los derechos adquiridos a través de la concesión del Libramiento Norte de Puebla”.

El conflicto legal entre el morenovallismo y OHL se inició el pasado 2 de mayo de 2012, luego de que el gobierno estatal decidió cancelar la concesión de la construcción del Libramiento Norte, mediante un acuerdo de rescate de la licitación firmado por la Secretaría de Finanzas y de Administración y publicada por el Periódico Oficial del Estado, bajo el argumento de que había múltiples irregularidades en el proceso de asignación, así como los atrasos para la ejecución de la obra e incumplimientos en el pago del fideicomiso por 55 millones de pesos.