De las 315 mil empresas que existen en Puebla, sólo de 10 mil a 12 mil están registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó la delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Vanessa Barahona de la Rosa.

“Hay una discrepancia entre el número de unidades económicas que hay en Puebla con el número de empleadores o patrones registrados”, dijo.

En entrevista, la funcionaria federal reveló que de acuerdo con los datos publicados por el IMSS este año, alrededor de 3 mil empresas se dieron de baja ante la institución por diferentes causas.

“La disminución viene en cuestión de que hay bajas o algunas negocios cerraron sus puertas de manera oficial y por esta razón se dan de baja en el Seguro Social y dan de baja a sus trabajadores y esos son empleos formales que se van perdiendo”, explicó.

Por otra parte, señaló que la situación económica del país no favorece para que los micros y pequeños empresarios puedan cumplir con su obligación del pago del aguinaldo, pero pueden llegar a un acuerdo con sus trabajadores, debido a que es un derecho que tienen por ley.

Asimismo, informó que como cada año se llevará a cabo un operativo a finales de diciembre para dar certeza de que los empleados estén recibiendo su bono, no obstante quienes no cumplan con su obligación serán sancionadas.

“Al día siguiente en que los empresarios tienen que cumplir con esta obligación de pago que es el 20 de diciembre, pues empezaremos con este operativo, no lo tenemos aún implementado con cuántos inspectores, eso estaría hasta la próxima semana porque se deben obedecer políticas centrales de la Dirección General de Inspección y se quiere unificar a nivel nacional los criterios de inspección”, dijo.

Referente al caso de la gasera Tomza, donde perecieron seis personas y un número similar resultó herida, tras el incendio acontecido del pasado 15 de octubre, Barahona de la Rosa señaló que los trabajos no han sido completados debido a que no han concluido los peritajes por parte las secretarías de Energía, de Seguridad Pública, y de Procuraduría General de República (PGR).

“Es claro que hubo fallas, hubo omisiones y en su momento serán sancionadas porque cada una de las faltas o violaciones a los reglamentos de condiciones de seguridad e higiene y a la Ley Federal del Trabajo va de los 250 a los 3 mil salario mínimos”, expuso.

Finalmente, mencionó que los trámites para la inspección continúan pero no se han llevado a cabo debido a la complejidad del asunto y a que simultáneamente se desarrollan supervisiones estatales.