Alfredo Arango pasa fiestas decembrinas en el hospital
Bajo el argumento de que tenía que ser operado abandonó el penal de San Miguel
El juez octavo de lo Penal permitió que el marinista acusado de enriquecimiento
ilícito dejara su celda para ser internado en el nosocomio privado, donde ha recibido un sinfín de visitas de familiares, amigos y hasta socios
Osvaldo Macuil Rojas /Víctor Hugo Juárez
Bajo el argumento de requerir una operación urgente en la columna vertebral, Alfredo Arango García fue trasladado del penal de San Miguel al hospital UPAEP, donde pasó las fiestas de fin de año con su familia, sin que hasta el momento haya sido intervenido quirúrgicamente.
El juez octavo de lo Penal permitió que el marinista acusado de enriquecimiento ilícito dejara su celda para ser internado en el nosocomio privado, en donde ha recibido un sinfín de visitas de familiares, amigos y hasta socios.
Legalmente, Arango cumplió con los requisitos médicos para ser intervenido fuera del Centro de Readaptación Social, sin embargo, trascendió que el ortopedista del hospital UPAEP que expidió el certificado médico es amigo cercano del exsecretario de Salud, incluso trabajó con él cuando estuvo al frente del ISSSTEP.
El 29 de diciembre pasado, CAMBIO informó que el marinista dejó la prisión para pasar las fiestas de fin de año con su familia, para lo cual se informó que era urgente que Arango fuera intervenido quirúrgicamente por una hernia discal.
Sin embargo, fuentes consultadas refieren que el exfuncionario acusado de enriquecimiento ilícito no ha sido operado, pese a que se dijo que la intervención era de extrema urgencia.
En las inmediaciones del nosocomio aún permanece el discreto dispositivo de seguridad que resguarda al marinista con un par de patrullas de la Policía estatal.
Las camionetas que han permanecido en el lugar son la P-212 y P-218, así como una ambulancia con el número 09 de Soporte Básico de Trauma de la Dirección General del Cereso (Digcereso).
El exsecretario de Salud fue detenido el 12 de enero del año pasado por el delito de enriquecimiento ilícito de más de 54 millones de pesos a su paso por la administración pública.
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