PRI ya tiene petición de inconstitucionalidad


Manlio Fabio Beltrones afirma que la denuncia para pedir derogar una parte de la Ley de Administración Pública se presentará antes del día 20


Suzzete Alcántara y Mariana F. Maldonado / 24 Horas


Será antes del 20 de enero cuando los legisladores federales del PRI presenten ante la Suprema Corte de la Nación el recurso de inconstitucionalidad contra las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, que señala que los altos mandos en materia de seguridad serán ratificados por el Senado.


Según el coordinador parlamentario del PRI en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, el documento para pedir la inconstitucionalidad ya está elaborado y sólo falta afinar algunos detalles.


Afirmó que una vez publicadas las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 1 de enero, su fracción tiene hasta el 1 de febrero para entregar a la Suprema Corte la acción de inconstitucionalidad, por lo que van muy bien en tiempos: “yo creo que antes del 20 de enero estaremos presentándolo”.


Con lo anterior se estaría cumpliendo lo anunciado por su vicecoordinador priista, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, quien el pasado mes de diciembre señaló ante el pleno: “no vamos a obstruir el desarrollo y la aplicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal; pero sí, desde esta tribuna, señalamos que vamos a promover la acción de inconstitucionalidad, una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación la presente reforma”.


Los artículos que desataron la polémica son el 16 y 27, específicamente este último, relativo a la ratificación por parte del Senado del comisionado nacional de Seguridad y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que implica que ya no sería una decisión soberana del presidente, como venía ocurriendo.


De tal manera, la decisión sobre la inconstitucionalidad del artículo 27 tendrá que ser decidida por la Suprema Corte una vez que el PRI presente el recurso legal, el cual requirió, para ser presentado, del voto de 166 diputados de los 500 que son, de los cuales el tricolor suma 214 legisladores.


“Será la Suprema Corte la que determine si hay visos de inconstitucionalidad dentro de la minuta. En lo personal creo que debe congratularnos a todos. Que las diferencias se resuelvan en el debate y mediante el árbitro, que es el Poder Judicial de la Federación, adelante, no hay de qué sorprendernos o espantarnos”, destacó el legislador regiomontano.


Por lo anterior, el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, recordó que ya existía un antecedente similar en el caso de los integrantes de la Cofetel, en el que la Suprema Corte declaró válido el recurso de inconstitucionalidad.


Asimismo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, asentó que desde el gobierno federal “respaldamos” la decisión que tome el Poder Legislativo sobre la reforma a la Ley de Administración Pública, y agregó: “quien tiene que resolver el tema, que lo haga. Nosotros hoy vemos una reforma que ha hecho el Senado, nos atenemos a ella, la respaldamos, y estará Manuel Mondragón en el Senado en unos días más y la propuesta del secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública para ser ratificados”.


Será entonces durante las tres semanas siguientes que restan del mes de enero, cuando los altos mandos policiacos tomen protesta ante la Comisión Permanente del Congreso, o bien, cuando inicie el periodo ordinario en el Senado, que es en febrero.


Lo que se debate


El grupo parlamentario del PRI en San Lázaro se opone al fragmento del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública que obliga a que el nombramiento del comisionado nacional de Seguridad y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sean nombrados por el presidente con la ratificación del Senado, ya que -argumentan- contraviene a la Constitución, la cual en el artículo 89 faculta al Ejecutivo a nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, embajadores, cónsules, empleados superiores de Hacienda y a los “demás empleados de la Unión”.


El argumento del PAN y el bloque de la izquierda -conformado por PRD, MC y PT- para incluir esta modificación fue el de establecer “controles democráticos” a las facultades de la Secretaría de Gobernación, a la cual, con dicha reforma a la Ley Orgánica, se le otorgó como en los anteriores tiempos priistas la facultad de encargarse de la seguridad pública.


Así es el procedimiento


El tiempo para presentar la acción de inconstitucionalidad corre a partir del 2 de enero de este año, cuando la reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, y concluye 30 días hábiles después, por lo que aún queda tiempo.


El proceso para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicia con la presentación del escrito de la demanda, el cual deberá contener, entre otros, los preceptos constitucionales que se estimen violados y la fundamentación de la pretensión de invalidación de dicha norma.


Además, se requiere la firma de 33 por ciento de los integrantes, en este caso de la Cámara de Diputados, porcentaje que sin problemas cubre el grupo parlamentario del PRI.


Después de presentada, algún ministro tendrá que revisarla y, en su caso, declararla procedente o improcedente. De proceder la demanda y de no encontrar irregularidades, en un plazo de 15 días los órganos legislativos que emitieron la norma, así como la presidencia, tendrán que presentar un informe que sostenga la validez. Posteriormente, en un plazo de cinco días se deberán formular los alegatos de ambas partes para posteriormente subirla al pleno de la Suprema Corte. En el caso que se admitiera la acción de inconstitucionalidad, no se suspendería dicha norma sino que habrá de esperar hasta que la SCJN emita una resolución.




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