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"Silencio, aquí se mata", tituló el diario El País a un reportaje sobre la desaparición forzada de entre 200 y 300 personas en marzo de 2011 en Allende, Coahuila. Hoy, a 3 años de aquellos acontecimientos, el Gobierno estatal admitió que tiene información pero sólo de 43 casos.
El titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado, Homero Ramos, dijo que no tiene la certeza del asesinato de 300 personas el 18 de marzo de 2011 en los municipios de Allende y Piedras Negras, aunque detalló que de ellos, hay certeza de que 11 perdieron la vida y 15 fueron localizadas con vida en Estados Unidos y otras entidades de México.
Los 11 fueron asesinados y calcinados para borrar “cualquier evidencia”.
Se dice que debido a la violencia, decenas de habitantes del poblado Allende buscaron refugió cuando los delincuentes irrumpían en casas en busca de un presunto operador financiero.
Las autoridades informaron que en la desaparición masiva actuaron exservidores públicos en complicidad con un comando de "Los Zetas", entre ellos dos agentes de la Policía Municipal que están detenidos y enfrentan cargos por secuestro.
La dependencia aseguró que el número de desaparecidos no fue 300, como originalmente informaron algunas autoridades, entre ellas el alcalde de Allende, Luis Reynaldo Tapia Valadez.
La tragedia
El diario español relata que en 2011, Miguel Ángel Treviño, "El Zeta 40", líder de "Los Zetas", el más sanguinario cártel de la droga en México, ordenó sacar de sus casas a decenas de familias para cumplir la terrible venganza, acción que duró varios días y se extendió a otras poblaciones cercanas como Piedras Negras.
De acuerdo con declaraciones posteriores de los propios narcos y el relato de los vecinos, la mayoría de las víctimas eran familiares de dos cabecillas locales de "Los Zetas" que supuestamente habían traicionado a la organización y huido a Estados Unidos.
Y en represalia, hombres y mujeres, niños y ancianos fueron secuestrados. "El torbellino del horror arrastró incluso a albañiles y personal doméstico que habían trabajado para los fugados".
En tanto, sus casa fueron saqueadas y baleadas y todo a la luz pública y sin que la policía ni las autoridades hicieran algo.
"Setenta propiedades quedaron en ruinas. Sus esqueletos siguen exhibiéndose como prueba irrefutable de lo ocurrido. Solo en el municipio de Allende, según el alcalde, desaparecieron entre 30 y 40 familias", señala Jan Martínez Ahrens en su nota, en la que destaca que pese a que el Gobierno estatal puso en marcha una decisiva investigación, hasta ahora no hay una lista oficial de desaparecidos ni de muertos, no hay detenidos ni siquiera se ha ofrecido un relato oficial pormenorizado de la tragedia.
“Esto es lo más cabrón que ha ocurrido en México”, expresó el alcalde de Allende, Reynaldo Tapia.
“Primero se llevaban a la gente, luego a los dos o tres días, derribaban las paredes”, relató.
"¿Y qué hicieron con los que se llevaban?", le cuestiona El País.
"Los mataron", dice el alcalde entre dientes, quien sostiene que en esos días nadie denunció nada, pues era una época muy difícil.
El rotativo español, que publicó su texto a principios de julio de este año, señala que para cometer el secuestro masivo, hasta Allende llegaron unas 40 camionetas cargadas de hombres armados.
Luego del crimen, vino el silencio. Solo los rumores se fueron extendiendo y algunos llegaron a las redacciones de los periódicos.
“Lo oí y me pareció inverosímil. Ahora me arrepiento. Pero que no trascendiese da imagen de la magnitud del miedo que imperaba. Es un ejemplo grotesco de lo que ha sucedido en México. ¿Cuántos allendes debe haber?”, dice al rotativo español el que entonces era director de uno de los más importantes y valientes periódicos de Coahuila.
Si los diarios no dijeron nada, tampoco los vecinos
“Los narcos tenían la autoridad, estaban aquí. Mis hijos iban con los suyos al colegio”, explica el alcalde de Piedras Negras, entonces funcionario municipal.
El primer habitante que se atrevió a denunciar chocó contra el vacío, pues en su escrito narra cómo "Los Zetas" se llevaron a su hermana e incluso da detalles sobre los autores. "El relato, una bomba en manos de cualquier fiscal, pasó a la Procuraduría, pero nada ocurrió", apunta El País.
