El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) negó contar con los registros que acrediten que Rosa del Carmen Verduzco, conocida como “Mamá Rosa”, hubiera adoptado o registrado a decenas de niños que nacieron o vivían bajo su cuidado en el albergue La Gran Familia, en Zamora, Michoacán.

“Hasta el momento no tenemos ningún dato de adopción. Estamos revisando expedientes y documentos para determinar la situación de los menores, y aunque no contamos todavía con la totalidad de estos documentos, hasta el momento no tenemos registrada ninguna adopción, ni estatal ni federal”, dijo a 24 Horas Adriana Luna Lozano, directora Jurídica y de Enlace Institucional del DIF nacional.

La funcionaria agregó que será en los próximos días cuando el Ministerio Público, en colaboración con los DIF estatales y nacional determinen la situación jurídica de los infantes encontrados dentro del albergue, sobre todo de aquellos que carecen de acta de nacimiento.

“Estamos trabajando para que estos niños tengan su registro. Además tenemos que ponernos de acuerdo con los sistemas DIF de cada entidad para que los menores que sean regresados a sus estados de origen sean reintegrados cuanto antes con sus familias”, comentó.

Luna Lozano indicó que, de acuerdo con la ley, los DIF estatales tendrán que hacerse cargo de dar atención a los menores que fueron víctimas de este caso, por ser su especialidad, y será cada una de las dependencias en las entidades quienes asuman la responsabilidad de la guardia y custodia provisional de los menores.

Seguirá deslinde de responsabilidades

El fin de semana, seis de las ocho personas detenidas en el operativo que emprendió la PGR en el albergue La Gran Familia fueron consignados a un penal en Nayarit. Se trata de personal de la institución, no obstante, al momento no se ha identificado alguna autoridad como responsable de estos hechos.

“Aún estamos tratando de establecer la responsabilidad penal que a cada persona le corresponda, tanto de los detenidos como de las autoridades que fueron omisas en su responsabilidad de supervisar el funcionamiento del lugar. Es un asunto ministerial y será la autoridad competente quien, en su momento, dará el resultado y determinación para deslindar responsabilidades”, aclaró Luna Lozano

De acuerdo con la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, son los sistemas de salud y DIF de los estados los encargados de organizar, operar, supervisar y evaluar los centros de asistencia social en cada entidad.