Si se revisa bien la historia, la marcha de la lealtad que recuerda el apoyo del colegio militar al presidente Madero el 9 de febrero de 1913 ha sido el símbolo de la lealtad de los militares, no con el jefe del Ejecutivo, sino con la República. Sin regatear circunstancias, los militares han sido el eje de la estabilidad nacional.

 

 

Sólo que los civiles exigen y condenan pero nada dan a cambio. Los poderes Ejecutivo, y sobre todo Legislativo, les deben al Ejército y a la Armada las reformas legales que darían más certeza jurídica al papel activo que han tenido en la lucha contra el crimen organizado, a pesar de los errores magnificados.

 

 

Sinen Ejército, la fuerza aérea y la Marina armada, México ya hubiera sido derrotado por la delincuencia criminal. La participación militar en el combate contra el crimen organizado se hizo en función de la doctrina de seguridad interior que es una forma de asumir internamente las razones de la seguridad nacional.

 

 

El crimen organizado --no sólo los cárteles del narcotráfico-- se coló hasta la estructura del poder institucional del Estado y de hecho rebasó la capacidad de respuesta de los cuerpos policiacos. Las fuerzas armadas fueron las únicas que pudieron contener y replegar el dominio criminal que violó la soberanía del Estado dentro del territorio nacional.

 

 

La participación del Ejército en asuntos de seguridad se hizo por razones de emergencia y no por caprichos gubernamentales. En Michoacán y Guerrero se percibe hasta qué profundidad ha llegado la penetración criminal en tareas exclusivas del Estado como el cobro de impuestos, el control territorial y las actividades públicas y productivas.

 

 

Sólo que estos nueve años de actividad militar en la lucha contra el crimen organizado han sido sin seguridad jurídica. Los gobernantes y legisladores le deben a las fuerzas armadas cuando menos tres leyes que garantizarían con mayor precisión las tareas contra la criminalidad: de seguridad nacional, de inteligencia y sobre todo de seguridad interior.

 

 

La participación de las fuerzas armadas en seguridad se dio cuando los grupos criminales pasaron a la apropiación de espacios del territorio nacional y se superpusieron sobre las instituciones republicanas. Quienes critican el involucramiento de las fuerzas armadas deberían preguntarse primero cómo fue que el crimen organizado se alió con la clase política gobernante y luego cómo la desplazó del ejercicio del poder.

 

 

Las presiones para regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles, en consecuencia, se deben analizar bajo la óptica de que la disputa por el territorio se da en el juego de suma cero: lo que los delincuentes pierden al ser replegados por las fuerzas armadas lo gana el Estado en soberanía y lo que el Estado pierde cuando carece de fuerza para mantener la soberanía lo gana el crimen organizado. Éste es el verdadero campo de batalla de la seguridad interior.

 

 

Por tanto, la seguridad interior es el factor clave para el desarrollo porque el crimen organizado oprime, lastima a la población civil, le quita funciones al Estado, corrompe a la sociedad y opera sólo para aumentar la riqueza de los capos.

 

 

En este contexto, las presiones para retirar a las fuerzas armadas de la seguridad interior forman parte de la estrategia política criminal para gansterizar espacios territoriales del Estado nacional.

 

 

Si las fuerzas armadas han demostrado una lealtad a toda prueba con las instituciones civiles, toca ahora a las instituciones políticas --sobre todo el Congreso-- ser leales con las fuerzas armadas y legislar sobre seguridad, inteligencia y seguridad interior para garantizarles jurídicamente a las fuerzas armadas su participación en el combate al crimen organizado.