Cuando un Ayuntamiento no cuenta con la capacidad técnica o humana para hacerse cargo de estos servicios, puede recurrir a un particular (empresa) para que el servicio se preste a través de una concesión.

Es por eso que, en el Municipio de Puebla (por ejemplo) se encuentran concesionados los servicios de: Recolección, traslado y disposición final de basura; Alumbrado Público; y recientemente el de Agua Potable, drenaje y alcantarillado.

Curiosamente, estos dos últimos –Alumbrado y Agua Potable- son los peores evaluados por los ciudadanos (de acuerdo a los recientes datos que se dieron a conocer por parte del INEGI y la OCDE) y, paradójicamente, ambos servicios están en manos de empresas, gracias a contratos millonarios, ventajosos y poco claros; veamos.

En el caso del Alumbrado Público, recientemente, el Ayuntamiento –a través del Comité Municipal de Adjudicaciones (y NO del Cabildo)- aprobó otorgar un contrato por $667 millones de pesos (mdp) a la empresa Citelum. Esto representa un incremento sustancial con respecto a la administración anterior, la cual, por un contrato similar, erogó $183 mdp. Es decir, entre los dos contratos existe una diferencia de $484 mdp. Cierto, esta administración es más larga, sin embargo, aún considerando los 15 meses adicionales, la sumatoria del pago mensual tendría que arrojar un monto de $285 mdp, y NO los $667 mdp que le entregará esta administración a Citelum.

¿Y cuál fue el papel de los Regidores en este proceso? Ninguno. Esta es la consecuencia de aquél primer acuerdo de Cabildo de esta administración, mediante el cual se le otorgaron facultades amplísimas al Presidente Municipal para firmar todo tipo de contratos y convenios a nombre del Ayuntamiento. En aquella sesión, la fracción del PRI-PVEM votó en contra de este resolutivo, y manifestó que era necesario acotar las facultades que se le delegaban al Presidente, para que, en aquellos contratos que representaran un gasto preponderante para la administración (como éste), antes de firmar, se analizara y discutiera en el Cabildo. Lamentablemente no fue así; se impuso la aplanadora mayoritaria, y estos son los resultados…

Pero si la concesión hecha a Citelum resulta ofensiva a la ciudadanía (por el monto y la opacidad), la que se realizó con el Agua Potable es simplemente infame.

Se puede estar a favor o en contra de las concesiones, pero el único servicio que NO tendría ni si quiera que analizarse su posible privatización, es la del Agua potable. Una persona puede vivir sin luz (de hecho, en el Municipio muchas familias viven sin Alumbrado Público). Una persona puede vivir una semana si no pasa el camión recolector de basura (de hecho, hay muchas familias que viven en esas condiciones). Pero una persona no puede vivir sin agua potable. El Agua potable, más que un servicio público, es un derecho humano; por lo tanto, no se puede (no se debe) lucrar con su distribución; es tanto como decirle a los ciudadanos: “si tienes para pagar, te doy agua, si no, NO…” Es inhumano, ruin, bajo, desleal…

Con la privatización del Servicio de Agua Potable, lógico era pensar que las tarifas iban a aumentar en perjuicio de los usuarios; lo dijimos con anterioridad (SE LOS DIJIMOS), lamentablemente el tiempo nos dio la razón.

¿Qué sentirán los diputados que votaron a favor de esta privatización? ¿Tendrán cara para volver a pedir el voto? ¿Tendrán el valor de ver a los ojos a los ciudadanos afectados? ¿Qué pensarán cuando sus propios familiares les pregunten acerca de estos incrementos? ¿Qué contestarán?

Supongo que quienes impulsan y defienden ambas concesiones, la del Agua y la del Alumbrado, tendrán que repasar muy bien sus guiones (para defender lo indefendible), porque los argumentos de la gente son sólidos e irritados…