La mierda sale a borbotones de las coladeras, se desborda frente a una sociedad impávida que ahora conoce detalles de lo que siempre ha sabido: el enriquecimiento fabuloso de la clase política mexicana, sin distingo de partidos. No es una excepcionalidad mexicana: la lucha por el poder es también la lucha por el acceso a recursos privilegiados. Pero la democracia mexicana ha tornado la lucha por los cargos públicos, en realidad, en la lucha por acceder al erario y despacharse de él. Las revelaciones de las casas de Peña Nieto, de “La Gaviota” y de Videgaray iniciaron el desbordamiento de las aguas, a lo que sigue ahora las propiedades multimillonarias en Estados Unidos del ex gobernador José Murat y su hijo Alejandro, director del Infonavit. El juicio de nuestro tiempo: la gente normal ingresa a la política para enriquecerse.

Un porcentaje importante pero incuantificable de la economía mexicana proviene de la corrupción de lo público. En cuanto la riqueza de los políticos es descubierta, en forma de propiedad como los de Murat, de relojes costosos como César Camacho, o como conflictos de interés como pasa a Peña y Videgaray, las justificaciones son siempre las mismas: mi riqueza, bienes e ingresos no provienen de la actividad pública, sino de “otras cosas”. ¿Qué son esas otras cosas?

Esas otras cosas son comisiones sobre la obra pública, porcentaje que en condiciones normales es del 10 por ciento sobre el valor de la obra, pero que en tiempos de rapacidad puede elevarse al 20, 25 por ciento. Si el cochupo no se acepta, el contrato no se asigna. Las mismas condiciones pueden aplicarse en general a todas las adquisiciones gubernamentales: computadoras, asesorías, medicamentos, instrumental médico, alimentos, uniformes, pintura, comedores, combustibles, vales, servicios de telefonía, seguros y un larguísimo etcétera.

Servirse de lo público es la variante de la corrupción denominada patrimonialismo: la entrega de permisos, concesiones y licencias de construcción. Y algo que no tiene precio: información privilegiada de dónde se harán grandes obras, parques industriales, reventa de terrenos, eliminación de protecciones ambientales. La política es un negocio fabuloso.

En el México actual conviven los corruptos primitivos con los sofisticados. Los primeros son como el hermano de Ángel Aguirre, detenido ayer por traspasar directamente el dinero del erario a sus cuentas personales. Los segundos son los que crearon los moches y los operan desde San Lázaro: el cobro de comisiones por conseguir reasignaciones presupuestales.

De la política no sólo se enriquecen los políticos, sino sus adláteres: hermanos, cuñados, primos, sobrinos, choferes, prestanombres, secretarios, hijos, esposas, novias, amantes. El presupuesto público se desparrama en todas direcciones. Compadres, hijos putativos, compañeros de banca, cofradías universitarias.

Y los más avispados preguntaran:¿qué es lo nuevo de la corrupción mexicana? Ha sido parte del “gen cultural” del mexicano, como lo definió Peña Nieto. El cinismo de la clase política viene desde las viejas frases de que “político pobre es un pobre político”, “a mí no me den, pónganme donde hay” y “robó pero también dejó”, resumidas en la sentencia de que “la moral es un árbol que da moras”.

¿Qué es lo nuevo entonces?

Lo nuevo es que los frutos de la corrupción son más visibles que nunca gracias a las redes sociales. El dinero se gasta, lo mismo en viajes que en propiedades de lujo o “Casas Blancas”. Y que en la era de la transparencia cada vez es más difícil ocultar patrimonios, flujos de dinero, empresas “fantasmas”, yates, aviones, helicópteros y coches de lujo. Al enriquecido de forma ilegal, casi es regla, le hace falta la ostentación. Y hoy hay cientos, miles, millones de ojos siguiendo la ostentación de nuestros políticos.

¿Y qué pasa con la clase política poblana?

Los fraccionamientos de lujo como La Vista y Lomas de Angelópolis son la condensación aspiracional de nuestros millonarios políticos. No en balde lo más exitosos hacen visible ahí su riqueza con grandes mansiones que, en teoría, adquieren con sus exitosas “actividades empresariales”, aunque todos los poblanos sabemos que su encumbramiento proviene del acceso al erario.

Los casos más groseros, por supuesto, vienen del sexenio marinista, pues todos conocimos cómo todos terminaron con grandes caserones. Y en este no se quedan atrás, pero utilizan la facha de empresarios que “ya eran ricos” antes de venir a Puebla a la función pública.

¿Quién resiste una revisión a las mansiones de los políticos poblanos? Por ahí hay que empezar.