Hay momentos en que parece que los políticos no entienden nada de economía, o si sí, simplemente se pasan por el arco del triunfo los razonamientos más básicos de la materia. En tiempos de recesión económica, reforma fiscal, tarifazos del agua y fotomultas, el gobierno municipal de Antonio Gali Fayad quiere establecer un impuesto al uso de la vía pública instalando parquímetros por toda la ciudad. Primero en la zona de Huexotitla-Gabriel Pastor, luego en la Juárez, más tarde la 31 Oriente-Poniente y al final el Centro Histórico. En cuestión de semanas, los poblanos vamos a tener que pagar un impuesto por hacer uso de la vía pública, que por definición, por ser pública es de todos. Antes no nos costaba, ahora sí. Seis u ocho pesos la hora. Los beneficiarios serán el propio gobierno municipal, así como la empresa concesionaria. ¿Y los ciudadanos? ¡Qué se jodan!

El primer cuadrante para el cobro del impuesto a la vía pública es el de Huexotitla. El castigo es directo a los empresarios restauranteros y de cafeterías de la zona que, pese a las complicaciones económicas, desde hace cuatro o cinco años lograron echar adelante un corredor gastronómico que desplazó al de La Paz y al de la Juárez. Quizá es el más importante de la capital, porque el de la 31 Oriente se murió, así como el de La Isla. Quedan solamente los del Centro Histórico, Angelópolis y Zavaleta.

¿Por qué castigar a los empresarios que generan riqueza? El éxito del corredor gastronómico de la 43, naturalmente, trajo presiones sobre el arroyo vehicular en la zona una vez que no hay estacionamientos. Valets parking, “franeleros” y ladrones de autopartes “han hecho su agosto”. Pese a la denuncia permanente, la SSPTM nunca ha enviado más patrullas, y el caos lo pagan los vecinos que ven invadidos sus cocheras y espacios de estacionamientos. Tienen razón en molestarse y demandan una solución. Creen que un impuesto a la vía pública hará que se ahuyenten los automovilistas. Y tienen razón: los automovilistas se van a ir, y el corredor gastronómico de la 43 Poniente se va a morir. Así de fácil.

Los socios de Aprepsac, Canirac y los restauranteros independientes ya deberían advertir que si los vecinos quieren parquímetros, en realidad lo que quieren es ahuyentar a los automovilistas que van a la zona. Los viejos jugadores de la zona y que son algo así como los restaurantes ancla de la zona —El Parrillaje, La Silla, Mid Town, Starbucks e Italian Coffee— han resistido crisis económicas, recesión, pero no van a sobrevivir si los consumidores prefieren ir a otro lugar donde no tengan que pagar un impuesto a la vía pública.

Peor aún, parece que Michel Chaín —titular de Desarrollo Económico— no fue a la escuela: con el objetivo de evitar un “efecto cucaracha”, el programa salió del radio específico de la 43 y se amplió a un polígono de 60 manzanas en donde hay escuelas, notarías, dependencias federales, centros de servicio, bancos, gimnasios y oficinas varias. ¿Qué van a hacer todos los que asisten a estos lugares? Y peor: ¿qué van a hacer los trabajadores? ¿Por qué pagan justos por pecadores?

Una decisión económica irracional puede hundir un corredor gastronómico de por sí afectado por otras medidas impositivas. Establecer un nuevo impuesto puede ser una medida correcta para que el Ayuntamiento tenga más ingresos propios y darle ganancias a una concesionaria, pero lo hará a costa de sacrificar la actividad económica que de por sí es recesiva en Puebla, tal como lo informó INEGI.

Para vender el impuesto a la vía pública a los colonos de la zona, el gobierno de Gali Fayad recurre a argumentos falaces como el hecho de que habrá orden y más vigilancia por parte de la Policía. Pero esos servicios, orden y vigilancia, ya de por sí es su obligación prestarlos porque para eso los ciudadanos pagamos impuestos como el predial. ¿Por qué otra contribución a las ya existentes? ¿Y por qué han de verse afectados los vecinos y trabajadores de la zona?

El asunto es más turbio si ya hay un ganador de la concesión de parquímetros por adelantado. El alcalde Gali, además de rechazar la realización de una consulta vecinal, insiste en perfilar al sobrino de Franco Rodríguez, ex líder del CCE y actual diputado local, con su empresa Parquimóvil. ¿Se trata de un pago de factura de campaña?

Por supuesto que existe un problema social en la zona desatendido desde hace dos administraciones municipales. El anterior gobierno de Lalo Rivera tenía un proyecto para cobrar derechos directamente a las empresas de valet parking, hecho correcto por ser los principales beneficiarios del uso de la calle para estacionar los vehículos de los clientes. La imposición de una tarifa así era totalmente racional y justa. Nadie se opuso. Pero de la forma en que han sido planteados los parquímetros huele al primer gran negocio de la administración municipal. Mala señal para un precandidato claro a la gubernatura como es Antonio Gali Fayad.

Al final, puede haber argumentos en pro o en contra. Pero lo justo es llevar a cabo una consulta vecinal que abarque las 60 manzanas y en donde todos puedan expresarse. ¡Consulta sí, imposición gubernamental no!