La historia del quebranto financiero y operativo de la línea 1 de RUTA, como suele suceder, tiene dos versiones: la de la empresa concesionaria Servicios Articulados de Puebla (Sapi) y la del gobierno morenovallista representado por la Secretaría de Transportes (ST). Como es previsible, uno y otro se echan la culpa. Como también sucede en todas las historias, seguramente la verdad se encuentre en algún punto medio, una responsabilidad compartida tanto de la empresa encargada de prestar el servicio como de la dependencia encargada de diseñar el proyecto, implementarlo y vigilar la operación del día a día. Aquí le presento ambas versiones para que el lector se haga idea de las auténticas razones del fracaso de RUTA.

La versión de la ST y Bernardo Huerta

Los problemas de Sapi comenzaron desde la constitución de la sociedad, así como de su capitalización. De acuerdo a las reglas de operación de Banobras, los 184 titulares de concesiones sobre el recorrido, de forma obligatoria, debían ser incorporados al proyecto del metrobús poblano. En ese sentido, la ST no pudo licitar ni concursar para que operadores experimentados pudieran hacerse cargo de la troncal y alimentadoras. En esa lógica, debieron incorporar como socios a personajes sin cultura empresarial ni corporativa, cuyos únicos antecedentes era la organización en mafias o familias, así como una operación al día con los choferes y la entrega de una “cuenta diaria”.

Los 184 concesionarios, para capitalizar la sociedad Sapi, debían entregar el dinero producto de la venta de sus viejos vehículos. En vez de eso, se lo gastaron, de tal forma que la sociedad fue constituida ante la fe del notario Alejandro Carreto Romero con un capital de 368 mil pesos, con valor nominal por acción de 2 mil pesos. Esa ridícula cantidad, por supuesto, era inviable para garantizar la operación diaria, así como el adeudo de 200 millones de pesos para la compra de las unidades para la troncal y las alimentadoras. Además, los títulos de las acciones nunca fueron emitidos, por lo que con ese pretexto muchos accionistas-concesionarios fueron desplazados en la toma de decisiones de Sapi.

No son las únicas irregularidades. Luego de la designación de Miguel Ángel Aceves al frente del Consejo de Administración de Sapi, las cosas fluyeron más o menos con naturalidad de acuerdo al plan de negocios, ya que las ganancias diarias cercanas a los 100 mil pesos permitían el pago del crédito de las unidades, a los accionistas, mantenimiento de las unidades, etcétera. Pero con el paso de los meses, los miembros del Consejo de Administración se autodesignaron sueldazos, empezaron a desviar las ganancias. La ST tomó cartas en el asunto para garantizar el adeudo de 200 millones, pero el resto del dinero siguió siendo administrado por Aceves y sus amigos que hicieron lo que quisieron.

La crisis se detonó a partir de febrero en la medida en que muchas unidades fueron saliendo de circulación por falta de mantenimiento y llantas. Se dejaron de pagar ganancias a los socios, sueldos a los choferes y la compra de refacciones fue suspendida. Con menos unidades circulando, las ganancias fueron bajando, los compromisos incumplidos acumulándose, por lo que los choferes comenzaron a recolectar el pago en efectivo. Literalmente, robándoselo.

Las afectaciones fueron directas para los usuarios, pues ante la disminución de unidades circulando, los tiempos de espera aumentaron. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando empezaron a pagar doble, troncal y alimentadora, porque los choferes ya no recibían el pago en tarjeta.

¿Y qué hizo la Secretaría de Transportes y su titular Bernardo Huerta ante tantas irregularidades, incluso desde el origen del proyecto?Sentarse a observar, muy preocupados pero sin poder intervenir, porque no tenían las herramientas jurídicas para involucrarse en Sapi ni intervenir la concesión o la prestación del servicio. Sí, muy preocupados.

La versión de los concesionarios

Crucificado Miguel Ángel Aceves por el manejo irregular de Sapi, responsabilizado de la quiebra operativa y financiera, los pocos detalles que se conocen es por los socios que, supuestamente, ya no son parte de Sapi, pero que en realidad sí lo son. De acuerdo con ellos, al frente de la constitución e incluso de la designación de Aceves al frente de la sociedad estuvo el ex subsecretario Carlos Zurita, quien personalmente convenció e hizo firmar a los 184 concesionarios para sumarse al proyecto.

También la ST, a través de Zurita, verificó la constitución de la sociedad por 368 mil pesos y avaló el incumplimiento de que la sociedad se capitalizara con la venta de las unidades viejas. No se les capacitó para el manejo empresarial y corporativo, como tampoco se hizo nada ante la muestra de los incumplimientos y malos manejos del Consejo de Administración de Sapi. Simplemente se quedaron con los brazos cruzadas, excepto cuando la ST intervino para garantizar el pago de las unidades.

En resumen, todo pareciera que desde la ST se planeó la quiebra por anticipado para luego rescatar la concesión a los socios que nunca quisieron pero se vieron obligados a incorporar. Por supuesto, Aceves y sus amigos de Sapi le dieron mayor celeridad a la quiebra con su voracidad y malos manejos. Ahora podrán recuperar la concesión vía el pago de la indemnización que equivale al valor de la sociedad, 368 mil pesos, y ahora sí entregarla a Estrella Roja o a cualquier grupo empresarial de su agrado.

¿Y usted, querido lector, con qué versión de la historia se queda? ¿Dónde está el punto medio?