Alrededor de 30 heridos, seis detenidos, ocho desaparecidos y cinco reporteros golpeados, fue el saldo del desalojo violento que llevaron a cabo elementos de la Policía estatal en Tehuacán, luego que por más de seis horas unos mil 500 pobladores liderados por los presidentes de las juntas auxiliares de la zona cerraron la carretera federal Puebla-Tehuacán en protesta por haberles retirado el servicio del Registro Civil.

La protesta inició alrededor de las 10 de la mañana, cuando los quejosos de dicho municipio, así como de Coxcatlán, Zoquitlán y Ajalpan, se apostaron a las afueras del Centro Integral de Servicios y cerraron el tránsito de la carretera como medida de protesta porque el gobierno del estado les quitó las facultades de Registro Civil a más de 600 juntas auxiliares de todo el estado y a la fecha no se ha restablecido el servicio ante la falta de personal.

Los manifestantes no permitieron la salida ni entrada de alguna persona del CIS, por lo que en el lugar quedaron atrapados alrededor de 200 vecinos durante las seis horas que mantuvieron la protesta, según denunciaron varios de ellos a través de redes sociales.

Pasadas las 18 horas los policías estatales se dispusieron a abrir la circulación, lo que provocó un enfrentamiento con los manifestantes, por lo que utilizaron hasta gases lacrimógenos para dispersarlos, además del uso de la fuerza en contra de éstos.

En un comunicado emitido anoche, la Secretaría de Seguridad Pública del estado justificó el operativo bajo el argumento de que “un grupo de pobladores impidió la circulación en algunas vialidades, mantuvo retenidos a empleados, lesionó a un ciudadano que intentó salir de su centro de trabajo que estaba tomado por los inconformes, y causó lesiones a policías estatales que reabrían la circulación”.

Señalaron que por ello seis personas fueron aseguradas por uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. “Los probables responsables quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia, autoridad que deslindará responsabilidades”.

El gobierno del estado de Puebla respeta a quienes ejercen su derecho de manifestarse, pero reitera que llevará a cabo las acciones pertinentes, actuando en consecuencia, en contra de quienes en flagrancia, cometan actos fuera de la ley, causando afectaciones a la sociedad.