La administración morenovallista aceptó totalmente las 11 recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió por el caso Chalchihuapan y como primera medida, ayer mismo, el gobernador designó a José Antonio Pérez Bravo como titular de la fiscalía especial que realizará las investigaciones sobre el desalojo violento de pobladores de Chalchihuapan del pasado 9 de julio, además de nombrar a Juan Pablo Piña como responsable de verificar el cumplimiento de las recomendaciones por parte de las dependencias responsables.
A través de un comunicado de prensa, el gobierno estatal “reconoció” el trabajo de la CNDH en la investigación del caso, aunque hubo un rechazo tácito ya que señala que las resoluciones propias del estado y las del organismo ofrecen distintas conclusiones sobre la causa directa de la muerte del niño Tehuatlie:
“El dictamen correspondiente, publicado el día de hoy, enriquece la información sobre los lamentables acontecimientos y se suma a las investigaciones sobre el caso, conducidas por la División Científica de la Policía federal y la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, las cuales ofrecen distintas conclusiones sobre la causa directa de la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo”, dice el comunicado.
Asimismo, lamentó los hechos violentos de hace dos meses y que “hayan resultado lesionados civiles y policías y reitera sus condolencias a la señora Elia Tamayo y su familia por la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo”.
El gobierno reconoce que “el hecho mismo obliga al gobierno del estado de Puebla a tomar las medidas necesarias para asegurar que las fuerzas de seguridad cumplan en todo momento con la tarea de respetar los derechos humanos y mantener el orden garantizando, la seguridad y la integridad de la ciudadanía. Este lamentable acontecimiento obliga a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre la importancia de convivir en armonía y conducir las diferencias por la vía del diálogo y dentro del marco de la ley”.
Según el comunicado la administración encabezada por Moreno Valle ya notificó a la CNDH la aceptación total de los puntos recomendatorios emitidos e informa que José Antonio Pérez Bravo será el fiscal especial para el caso Chalchihuapan.
De acuerdo al perfil enviado por la oficina de Comunicación Social del gobierno poblano, Pérez Bravo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México y maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, además se desempeñó como subprocurador jurídico de Asuntos Procesales de la Procuraduría Social de Víctimas del DELITO (Províctima).
