Rafael Moreno Valle instruyó a los diputados locales retomar la Ley Antigraffiti que propuso en 2012 el entonces diputado panista, Mario Riestra Piña, con el objetivo de tipificar esta conducta de vandalismo como un delito que se castigue con cárcel y deje de ser una falta administrativa que se sanciona en los juzgados calificadores, donde el castigo máximo es una multa económica. Esto luego de que varias estaciones de la línea 2 de RUTA han sido vandalizadas, pese a que el nuevo recorrido aún no ha sido puesto en marcha.

El gobernador del estado exhortó públicamente a dar continuidad a esta iniciativa a través del diputado local, Pablo Montiel Solana, quien lo acompañó a la entrega de un colector pluvial en la colonia Francisco I. Madero de la capital.

Agregó que la aprobación de esta iniciativa por sí sola no significará la solución del problema, pues afirmó que parte importante es la educación y valores que se transmiten al interior del núcleo familiar, por lo que exhortó a los padres de familia a mantener constante comunicación con sus hijos para evitar este tipo de prácticas.

“El poder evitar que sus hijos o sus nietos estén grafiteando, que es algo lamentable y que debemos reconocer como un problema de la sociedad (...) Incluso estaba platicando con el presidente de la Comisión de Gobernación en el Congreso del estado, y le voy a pedir a Pablo Montiel que le dé seguimiento, que iban a tipificar como delito grave el estar vandalizando la propiedad privada o pública”.

En entrevista posterior, el mandatario estatal explicó que han identificado que las personas que han sido detenidas por estas conductas reinciden, ya que la sanción se limita a una multa, por lo que reconoció la importancia de endurecer los castigos, pero al mismo tiempo fortalecer los valores familiares en la ciudadanía.

Iniciativa antigraffiti, en la congeladora desde 2012

Esta iniciativa fue propuesta desde 2012 por el entonces diputado del PAN, Mario Riestra Piña, quien no logró posicionarla en el Código de Defensa Social del Estado de Puebla, luego de que sus compañeros en la pasada legislatura la mandaron a la “congeladora”.

La propuesta realizada hace más de dos años promueve una sanción que va de los 60 días a seis años de prisión o de 50 a 500 días de salario mínimo en contra de las personas que sean sorprendidas pintando espacios públicos y privados, principalmente las zonas consideradas como monumentos históricos.

Aunque fue la iniciativa fue presentada formalmente ante el pleno, se turnó a la Comisión de Gobernación, donde se mantuvo “congelada” ya que nunca obtuvo la aprobación del resto de los diputados locales.