Para quienes conocemos la trayectoria profesional y política de Fernando Manzanilla, desde la época en que formaba parte del equipo del Grupo Finanzas en el Gobierno del Estado, durante la gestión del Gobernador Melquiades Morales Flores, y posteriormente fuimos testigos de su activismo y liderazgo como coordinador de la campaña de Rafael Moreno Valle, mismos que le permitieron ganar un número importante de simpatizantes y adeptos, que sin duda alguna significaron la suma de votos en el proceso electoral tanto de panistas, como de priistas resentidos y tránsfugas de la campaña de Javier López Zavala, donde desempeñaron un doble papel, pensando que con ello, garantizaban un espacio en la nueva administración, el cual les fue negado por la desconfianza que sembraron en el grupo gobernante, sabemos de su capacidad política.
Manzanilla, en el inicio de la actual administración como secretario general de Gobierno, desempeñó el cargo con una gran apertura y diálogo con los grupos políticos y sociales del Estado, tendió puentes y buscó construir consensos por lo que muchos pensamos que tendríamos un gobierno de puertas abiertas, sensible a las demandas de los grupos sociales, desde los empresariales, hasta los grupos vulnerables y que su interlocución permitiría a los poblanos, sin distinción, conocer un nuevo estilo de gobernar, pero como dicen en los corridos: “el gusto nos duró muy poco”.
Su salida del gabinete y posterior destierro de Puebla, nos llevó a conocer otra realidad, porque que con la llegada de Luis Maldonado a la Secretaría General de Gobierno, las cosas se modificaron radicalmente: se cerraron los canales de comunicación con el Poder Ejecutivo y se endurecieron las políticas de persecución a los líderes de movimientos sociales y de quienes osaron oponerse a los proyectos gubernamentales, lo que ha colocado a la entidad como el estado con más presos políticos en las cárceles a nivel nacional, según han documentado organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A la fecha, dichas políticas represivas se han venido radicalizando aún más y lo que prevalece en las diferentes oficinas gubernamentales es la negativa a escuchar las solicitudes ciudadanas, y en muchos de los casos, a dar solución a los problemas.
Si bien es cierto, Manzanilla no se ha deslindado públicamente de estas actitudes, ni ha fijado una postura clara en contra de todos estos actos, sino más bien, se ha reservado en sus declaraciones, dedicándose a dar conferencias entre los estudiantes universitarios y académicos; su pensamiento y forma de hacer política siguen vigentes y, aunque algunos grupos lo ven con desconfianza por su relación familiar con el inquilino de Casa Puebla, muchos lo consideran como una alternativa seria y viable para convertirse en candidato ciudadano a la minigubernatura en 2016, para lo cual actualmente promueve una serie de acciones para echar abajo la reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado en la denominada “Ley antiBronco”.
Pero aun y cuando dicha reforma no sea tirada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo han pedido el PRI y otros partidos, Fernando Manzanilla tendría la opción de convertirse en candidato por otro partido y con ello ser visto como un serio aspirante a la gubernatura.
Su capital político y sobre todo su trayectoria, así como el deslinde que en su momento debe hacer de las acciones del grupo en el poder, le podrían atraer muchas simpatías entre los votantes indecisos y los decepcionados de los partidos políticos, por lo cual, sus posibilidades de ganar crecerían entre un universo de votantes, que si bien es cierto, no apoyarían la continuidad del actual grupo en el poder, de acuerdo a las últimas encuestas publicadas, tampoco consideran que el PRI, por el desprestigio que arrastra el presidente Enrique Peña Nieto y la crisis económica, sea visto como una alternativa de gobierno en este momento, a menos que apliquen el refrán: “Más vale malo por conocido, que bueno por conocer”.
Por ello, Manzanilla puede modificar el escenario electoral en 2016.
