El tema de la seguridad pública en Puebla se ha vuelto un dolor de cabeza, no sólo para las autoridades estatales y municipales, sino también para los ciudadanos que ven con coraje e impotencia la falta de capacidad y organización de los cuerpos policiacos en el combate a los delincuentes y así, aún y cuando las cifras reales de delitos siempre se maquillan y en el discurso oficial se pregona que los cuerpos de seguridad van ganando la lucha, la realidad nos dice otra cosa.
Lo anterior, aunado a la incapacidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado para atender con prontitud a los ciudadanos que acuden a presentar una denuncia o solicitan que se les haga justicia cuando han sido victimas de la comisión de un delito y a que el tema de la prevención del delito, no ha sido tratado en forma eficaz, es lo que hoy nos tiene en esta lamentable situación. Las mismas en la que los pobladores de San Martín Texmelucan, Tehuacán, Cañada Morelos, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlatlauquitepec, Nicolás Bravo, Zinacatepec, Ixcamilpa y Huixcolotla, Huauchinango, Tepeojuma, Teziutlán, , Amozoc, Venustiano Carranza, Libres, Vicente Guerrero, Cohuecan, Ajalpan y Puebla han decidido hacerse justicia por su propia mano y cometer una serie de delitos hasta el homicidio en contra de supuestos delincuentes, violentando el estado de derecho, sin que las autoridades hayan tenido la capacidad de frenar estos hechos, bajo diversas excusas y llevando la situación a un debate político, para sacar provecho en el proceso electoral de cambio de Gobernador en 2016.
Me sorprende la gran capacidad de movilización que tienen los cuerpos policíacos cuando se trata de reprimir marchas o protestas ciudadanas y la insuficiente respuesta que presentan para acudir a los pueblos y comunidades a impedir que se cometan estos actos de barbarie, ante los ojos de una sociedad que se va acostumbrando a que impere la ley de la jungla.
Incluso, hay voces que justifican dichos actos bajo el argumento de que es para que los delincuentes vean lo que les puede suceder si intentan cometer un delito en esas poblaciones. Y como siempre, no hay culpables de estos actos y las autoridades no presentan a quienes incitaron o cometieron los delitos, al amparo de una turba indignada, en un estado de irracionalidad y violencia.
Esto es lo que estamos viviendo en Puebla: por un lado nos enorgullecemos de aumentar la lista de los llamados Pueblos Mágicos, pero por otro sentimos la vergüenza de observar la enorme lista de los lugares donde se han hecho linchamientos o intentos y que podemos llamar “Pueblos Trágicos”.
Todos estamos comprometidos a luchar contra estos episodios, sin importar ideologías o partidos. Hago un llamado a que las autoridades a convocar a un acuerdo a todas las fuerzas políticas, universidades y grupos de la sociedad civil para combatir estos actos. No podemos dejar una lección más de impunidad a las futuras generaciones de poblanos.
