Una de las prácticas más controvertidas de los congresos locales, no sólo de Puebla sino de otros estados del país, es el manejo político que se da por parte de los legisladores para mantenerlas congeladas o en estado de indefinición para ser aprobadas, como una medida de presión o garrote político cuyas consecuencias pueden ser terribles para los funcionarios involucrados, cuando se dan instrucciones de buscar a toda costa fincarles responsabilidades o también pueden ser muy tersas y no encontrarles ninguna observación cuando de aprobarlas se trata; es decir, para los funcionarios públicos de los diferentes niveles, el hecho de que su cuenta pública esté pendiente de aprobación, es algo que les quita el sueño y la gran mayoría de las veces se encuentran imposibilitados para forzar a que los congresos las incluyan en el orden del día de sus sesiones para su análisis y discusión.Los lagunas legales para actuar de esa forma de parte de las legislaturas, les permiten llevar a cabo toda esta serie de maniobras, de tal suerte que sólo los intereses de quienes controlan a las mayorías de los Congresos o acuerdos cupulares de los representantes de las fracciones parlamentarias, pueden mover las cosas para que se llegue a un resultado final.

Es decir, sólo hay de dos sopas: que la cuenta se apruebe y el funcionario quede como una persona proba y honesta o que se le acuse de todos los delitos relacionados con el ejercicio de la función pública, que lo pueden llevar hasta la cárcel y terminar con su carrera política, además a perder su patrimonio, siendo éste el precio más alto que debe pagar.

Por lo anterior, llama mi atención el hecho de que hasta apenas hace dos días, en forma repentina, el Congreso poblano, con un retraso de tres años, aprobó la cuenta pública 2012 de Eduardo Rivera Pérez, ex alcalde capitalino, y los estados financieros de sus ex colaboradores. Aprobación que se dio junto con las de 38 cuentas públicas correspondientes a los años 2012 y 2013 de ex presidentes municipales y otros ex titulares de organismos descentralizados, que vieron validadas sus cuentas públicas.

Para algunos, dicha aprobación se puede interpretar como un acto natural en un régimen democrático y no debería despertar ninguna sospecha de que encierra algo obscuro, pero para otros, como quien esto escribe, resulta evidente que ante la proximidad del proceso electoral de 2016, los compromisos y amarres están a la orden del día y por ello, es momento de negociar lo que antes era imposible, en aras de apoyar a un candidato o partido político, pero como en el caso de Eduardo Rivera existe desconfianza, no le serán aprobadas las cuentas de 2013 y los últimos 45 días de 2014 de su gestión, hasta que en los hechos demuestre que apoyará la causa del candidato del PAN a la minigubernatura, junto con las familias del panismo tradicional que estaban en negociaciones de dar su apoyo a la candidatura de Ana Teresa Aranda, para dividir al Partido y tratar de demostrar a la nueva dirigencia que no tienen la simpatía de todos sus militantes.

De ahí que esto es el inicio de una negociación, que hasta hace dos meses se veía difícil se concretara, pero que hoy tomó un nuevo rumbo, conveniente para las partes, pero no, para la sociedad poblana, que ve con escepticismo la forma en que el Congreso del Estado, lleva a cabo la aprobación de las cuentas públicas, de las que seguramente se manejan dos versiones, en la que se aplica mano dura y hay sanciones y una segunda, en la que las irregularidades y observaciones, pasan desapercibidas o se minimizan para evitar afectar al exfuncionario público, así que nuestros flamantes “representantes” recibiendo línea de sus líderes, aprueban lo que se les ordena, es decir, aquí, lo que menos importa, es el interés de la ciudadanía, que es relegado por los acuerdos de carácter político que se privilegian ante todo, se fiscaliza y se dice combatir la corrupción, vendiendo impunidad desde el Poder Legislativo