Y resulta que por las simpatías de Álvarez Icaza con el PRD, la participación de este partido en la trágica noche del 26 de septiembre del 2014 fue ocultada y no investigada por el equipo especial de la CIDH, porque al final de cuentas la intención política de ese organismo de la OEA fue la de cuestionar al gobierno del presidente Peña Nieto.
Sin embargo, el arresto del alcalde perredista de Cocula junto con el jefe del grupo criminal Guerreros Unidos, Adán Casarrubias Salgado, demostró la relación orgánica de políticos perredistas guerrerenses con el crimen organizado. Y si se necesitaba una prueba más concreta, el alcalde del PRD estaba reunido amigablemente —con alcohol y drogas en la mesa— con el grupo señalado como el responsable directo de asesinar a los 43 normalistas por alianzas con el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa y precandidata perredista a la alcaldía, María de los Ángeles Pineda.
La investigación de la CIDH de Álvarez Icaza se construyó con el objetivo predeterminado de desmentir la verdad histórica de la investigación pericial de la PGR. En ese reporte del organismo de la OEA se excluyeron interrogatorios clave y se eludieron incriminaciones al PRD; eso sí, la intención fue demostrar la culpabilidad del gobierno federal en un suceso operado por el gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero y el alcalde perredista iguálense Abarca. Y ahora se sabe que el actual alcalde perredista en Cocula era aliado de Guerreros Unidos, igual que las autoridades municipales perredistas de Iguala.
De manera parcial y sospechosa, la CIDH, Álvarez Icaza y obviamente los padres de los 43 normalistas asesinados sembraron la tesis de que habría responsabilidad del 27 Batallón del Ejército en Iguala, a pesar de carecer de alguna prueba pericial.
El arresto del alcalde perredista de Cocula aportó la clave de asesinato de los 43 que involucra al crimen organizado en esa zona guerrerense con las autoridades gubernamentales estatales y municipales del PRD, la orden del alcalde perredista de detener a los normalistas y entregárselos a Guerreros Unidos, las relaciones políticas y familiares de este grupo con perredistas de Iguala y Cocula, y la prueba de por qué los normalistas fueron quemados en Cocula. A ello se agrega que el anterior alcalde de Cocula también fue señalado de estar ligado al crimen organizado.
Si hubiera honestidad profesional, el grupo de investigadores de la CIDH, que logró dinero mexicano para otros seis meses de indagaciones, tendría que excusarse de realizar más pesquisas, porque su reporte quedó hecho polvo, ya que ahora se sabe que no era el Ejército ni el gobierno federal quienes tenían articulaciones orgánicas con el crimen organizado, sino que era el PRD que la CIDH, y sobre todo su secretario ejecutivo Álvarez Icaza, se había negado a indagar por sus relaciones políticas y antisistémicas con el PRD.
El arresto del alcalde perredista de Cocula destruyó la verdad política de la CIDH y regresó la investigación a la verdad histórica de la PGR.
Sólo para sus ojos:
· Para ayuda de memoria: el Gran Premio de México se suspendió en 1992 porque el entonces regente del DF, Manuel Camacho Solís, dijo que los autos provocaban mucha contaminación. México quedó en ridículo. Como la carrera de ese año no podía suspenderse, Camacho logró que las vueltas se redujeran 10 %.
· ¿Quién era el secretario de gobernó del DDF que operó la decisión de Camacho? El ahora exiliado político Marcelo Ebrard Casaubón. Los dos entonces priistas y salinistas causaron un daño de imagen a México.
· Y veintitrés años después, un jefe de gobierno del DF del PRD, Miguel Ángel Mancera, volvió a traer el Gran Premio de Fórmula 1 al DF. Mancera, por cierto, reveló la corrupción de Ebrard en obras públicas provocando su exilio.
· En Colima se podría dar la madre de todas las batallas: el PRI quiere inhabilitar al candidato del PAN, José Luis Preciado, cuando los mapaches electorales fueron el gobierno y el secretario de Desarrollo Social estatal. Más que afectar a Preciado, el PRI lo está promoviendo.
@carlosramirezh
