El reporte final de la comisión de Gómez, Pablo Franco y Octavio Cortés sólo tiene parecidos a los retruques usados por el fiscal de consigna en el 68 Eduardo Ferrer MacGregor en contra de los estudiantes, sólo que ahora al revés: para justificar las acciones represivas del alcalde perredista en Iguala y su esposa como precandidata perredista a sucederlo.
Asimismo, el informe de la comisión y la conferencia de prensa de los investigadores para responder a dudas también tiene referentes en las argumentaciones políticas que usaron los priístas en el congreso en 1968 para defender la decisión del presidente Díaz Ordaz de usar la fuerza para encarar el movimiento estudiantil.
Más que parecidos, existe una correspondencia entre el 2 de octubre de 1968 y la noche del 26 de septiembre de 2014: el ejercicio de la fuerza contra movimientos sociales --viables o no, válidos o no, provocados o no-- como una forma de imponer en ambos casos el principio de autoridad y de poder.
Una de las claves de ambos casos se encuentra en la asunción de responsabilidades. En su V informe de gobierno, Díaz Ordaz se acreditó el caso Tlatelolco: “asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”. En cambio, en el reporte de Gómez sólo registra la declaración de Abarca a la comisión investigadora del PRD: “él no respondió cuando yo le repuse que él era presidente municipal, jefe de la policía y los únicos balazos que se había producido aquella noche habían sido disparados por la policía municipal bajo su cargo, pero a esto no respondió”.
Viejos militantes del PCM fueron la bujía para acusar a Luis Echeverría de responsable de Tlatelolco porque era secretario de Gobernación y por tanto encargado de la seguridad interior. En cambio, el viejo militante comunista Pablo Gómez Alvarez fue miembro de la comisión perredista que produjo un informe para lavarle las manos de pólvora y de responsabilidad al alcalde perredista de Iguala y a su esposa como precandidata perredista.
Al final, el reporte de la comisión perredista sobre Iguala podría ser el argumento para quitarle autoridad mortal a quienes piden castigo para los funcionarios del 68 porque la argumentación de éstos y la de los funcionarios de Iguala fueron exactamente las mismas.
Con claridad, el comunista del 68 Pablo Gómez --por cierto arrestado en Tlatelolco el 2 de octubre y liberado como preso político en 1971-- ha seguido acusando a Echeverría por Tlatelolco pero ante el alcalde Abarca dijo en la conferencia de prensa: “yo lo doy por inocente mientras no se compruebe su culpabilidad”. Con maña, Gómez dice que la PGR no está investigando a Abarca por la noche del 26 de septiembre, pero luego tuvo que reconocer que Abarca se encuentra sujeto a una averiguación. La estrategia de Gómez para exculpar a priori al alcalde perredista es la misma usada por el PRI respecto de los funcionarios del 68.
En todo caso, no debe extrañar el método priísta de investigación del caso Iguala similar al caso Tlatelolco: el viejo PCM se disolvió completamente a comienzos de 1989 y le cedió el registro a los expriístas de la corriente Democrática de Cárdenas y Muñoz Ledo --éste defensor de las acciones de Díaz Ordaz en Tlatelolco y funcionario del gobierno de Echeverría-- convirtiendo al PRD en un ala del viejo PRI. Así que la versión PRI-Tlatelolco revivió en la versión PRI/PRD-Iguala.
