Dicha iniciativa abre la posibilidad de que el Gobierno del Estado ASUMA DIRECTAMENTE la prestación de los servicios públicos municipales, y que éste a su vez, pueda delegarlos al sector privado.
Esto representa una regresión democrática, que echa por la borda los logros alcanzados en siglo y medio de lucha federalista, por fortalecer la figura (política, jurídica y administrativa) del Municipio. Pero además, es una iniciativa OCIOSA y MAÑOSA, veamos por qué.
De entrada hay que señalar que es un documento muy pobre (e irrisorio) en su parte “ilustrativa”. ¡Una sola hoja de “Considerandos” para justificar esta intentona! Lo cual habla de lo precario de los argumentos.
Es ociosa porque plantea hipótesis que YA están consideradas en la legislación vigente: coordinación entre municipios, convenios entre Ayuntamientos, convenios entre Municipios y Estado, etcétera. Y mañosa, porque pretende desviar la atención de su verdadero propósito: permitir que el Gobierno Estatal pueda concesionar los servicios a particulares, SIN la autorización de los Cabildos.
Llama la atención que este proyecto sea presentado por el grupo parlamentario del PAN, siendo ese Partido un promotor incansable del municipalismo en México a lo largo del siglo XX.
Esto refleja la crisis, no sólo política, sino ideológica que vive ese Instituto. Los “nuevos panistas”, quienes detentan el control político en la entidad, NO representan en lo más mínimo la doctrina y los principios que le dieron identidad al panismo. Buena falta les haría leer algo acerca de Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Manuel Clouthier, Carlos Castillo Peraza, etc.
Permitir que el Gobierno del Estado, mediante Decreto del Congreso, asuma la prestación de los servicios municipales, a solicitud de los ayuntamientos, representa —de facto— regresar al modelo centralista del siglo XIX. Es dotar de un espectro más amplio de dominio al Ejecutivo del Estado, reduciendo a su mínima expresión la voluntad de los ayuntamientos.
No fue casual que la Constitución de 1917 estableciera como base de la división territorial nacional al municipio; la idea fue, robustecer los sistemas de gobierno locales, considerando al municipio como la célula básica de la organización política y social.
Tampoco fue casual que en la Reforma de 1983 se le diera la categoría de gobierno, para fortalecer su autonomía y dotarle de mayor representatividad.
No es casual que los ayuntamientos se tutelen por un cuerpo COLEGIADO como lo es el Cabildo, que delibera y toma las decisiones más importantes de la ciudad; dotado de representación jurídica por los ciudadanos.
La iniciativa NO fortalece al Municipio, al contrario, lo debilita. Si de por sí es cada vez más latente (y preocupante) la tendencia de concesionar los servicios públicos a particulares, mucho más será cuando el gobierno lo pueda hacer con la laxitud de los cabildos. El problema es claro: los servicios públicos vistos como negocios y NO con un enfoque social.
Conclusión: El municipio tiene que ser libre y autónomo, no sólo dogmáticamente, sino en la práctica. Tenemos que dar pasos hacia adelante para garantizar la vida armónica del municipio, sin ataduras políticas (disfrazadas o manifiestas). La iniciativa presentada merma flagrantemente la capacidad de acción y de decisión de los municipios, y los reduciría a simples departamentos administrativos del Gobierno del Estado, algo que no se puede, ni se debe permitir.
