Menudo lío para la Procuraduría General de Justicia es la investigación del feminicidio número 164 del sexenio morenovallista. La acusación de tortura para obtener la confesión de José María Sosa, el novio de Paulina Camargo, es gravísima. Mediáticamente hay tres bandos en disputa: los familiares de la jovencita asesinada y su representación jurídica encabezada por la mediática abogada Marisol Montes Baro. Luego, los papás del estudiante de la Universidad del Valle de México, así como sus compañeros y vecinos que consideran inverosímil la versión del feminicidio.

Por último, se suman los familiares de otro amigo de la víctima, Arturo Villegas, también consignado por falsedad de declaraciones. En medio, el silencio oficial de la dependencia que no dice si sí, o si no.

Es evidente que la PGJ ha dado por buena la confesión del novio de la víctima según la que, después de asesinarla, envolvió el cadáver en bolsas de plástico y lo tiró a uno de los contenedores en la unidad habitacional La Margarita. Por ello, ordenó la búsqueda del cadáver de Paulina Camargo en el relleno sanitario de Chiltepeque, una misión imposible confirmada por el director del OOSL, Jesús Chartuni, ya que se habrían acumulado más de 6 mil toneladas en un lapso de apenas cuatro días. Es buscar una aguja en un pajar.

Por supuesto, ahí empiezan las versiones y la incredulidad. ¿De verdad es tan fácil deshacerse de un cadáver tirándolo a un contenedor y ya, san se acabó? Para los vecinos de “Chema”, en efecto, es inverosímil que así haya ocurrido, ya que los pepenadores de la zona, hasta en tres turnos, se encargan de revisar hasta la última bolsa que se deposita ahí. ¿No encontraron una bolsa pesada y la abrieron para revisarla?

Entrevistados por CAMBIO, los vecinos de Edificio C2, de la Plaza de Jesús María en La Margarita, aseguran que nunca escucharon pleito o destrozos que provinieran del Departamento 2 la noche del martes 25 de agosto, fecha en la que supuestamente José María ahorcó a la joven de 19 años, tras golpearla. Ni mucho menos que alguien bajara arrastrando o cargando un cadáver.

Hasta el momento, la PGJ solamente consignó a José María Sosa por el delito de falsedad de declaraciones, pues ya se contradijo hasta en tres ocasiones y eso lo hunde. El estudiante de la Universidad del Valle de México primero declaró que, tras una consulta ginecológica, la acompañó a tomar un taxi modelo Jetta y luego no volvió a saber de ella. Luego, tras la exhibición de un video en el que se le ve abordando un taxi modelo Tsuru junto a Paulina Camargo, habría confesado el asesinato y que posteriormente tiró el cadáver a un contenedor de basura en La Margarita.

Por último, y ya ante el Juez Tercero de lo Penal, se retractó de la confesión del homicidio de la joven alegando que ésta se produjo por actos de tortura, aunque reconoció que sí abordó el taxi con ella, pero descendió de la unidad en algún punto del trayecto y ella siguió sola rumbo a su domicilio.

¿Y la acusación de tortura?

Por lo menos desde 2011, cuando Víctor Carrancá asumió la PGJ, no ha habido una acusación pública de prácticas de tortura contra la dependencia. Se le puede acusar de muchas cosas al procurador, pero parece que de eso no. Pero la defensa de José María Sosa, dice, presentará hoy las pruebas consistentes en las fotografías donde se observan los hematomas que le provocaron los golpes. De ser así, inmediatamente tendría que aplicarse el protocolo de Estambul.

Para terminar, ahora hay un tercer joven involucrado del que poco se sabe, Arturo Villegas, aunque sus familiares y amigos hicieron ayer una marcha para exigir su liberación. ¿Qué participación tuvo en el feminicidio?

Mientras la investigación del feminicidio 164 está en marcha, ayer mismo se denunciaron otras dos desapariciones de mujeres que podrían terminar también en tragedia. Elda Adriana Farfán Tenorio, de apenas 15 años, —se sospecha del novio— y Jacqueline Romero Rosas. ¿Serán los feminicidios 165 y 166? ¡Ni Dios lo quiera!

Y aunque el delegado de Segob, Noé Rodríguez Alarcón, cree que no es mala idea lanzar una Alerta de Violencia de Género, en el gobierno morenovallista todo lo reducen a la “pérdida de valores y principios en la sociedad”.

¿Será?