La guerra en la cúpula del poder priista no es una broma. El enfrentamiento entre la nomenklatura y el gobierno de Enrique Peña Nieto —descrito en la columna de ayer— vive una escalada con la ejecución pública de Arturo Escobar, el número dos del Partido Verde, luego de que la PGR decidiera solicitar una orden de aprehensión en su contra. ¿Motivo? Delinquir electoralmente para que la alianza PRI-PVEM obtuviera la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Cómo puede explicarse lógicamente esto? ¿Cómo el hermano mayor le da un coscorrón a su hermano menor, a quien invariablemente necesita para la disputa de las próximas 13 gubernaturas? ¿Quién sale perdiendo con este sacrificio?

Siguiendo la correa de transmisión del poder, es ingenuo pensar que un ministerio público de la Fepade decidió solicitar una orden de aprehensión contra el número dos del Partido coaligado al PRI sin informar a su jefe Santiago Nieto Castillo, quien a su vez tampoco informó a su jefa la procuradora general de la República, Arely Gómez, quien a su vez tampoco informó a su jefe el presidente Enrique Peña Nieto, quien a su vez, había aprobado la incorporación a la Segob del susodicho Arturo Escobar como premio a sus servicios electorales, los cuales, irónicamente, lo tienen al borde de la cárcel.

Visto así, parece una persecución de Viruta y Capulina.

Pero ahora viene lo peor.

Para recompensar los invaluables servicios del partido Verde, el presidente Peña Nieto decidió pagar ante la opinión pública el costo de la designación de Escobar como subsecretario de Prevención del Delito. Más de tres meses duró el golpeteo contra el personaje de mala fama, sin que nadie se planteara su remoción. Pero ahora, el gobierno federal paga el doble peaje de su renuncia, motivada por una investigación penal de la PGR por… ¡delitos electorales cometidos en la campaña que el PRI ganó de la mano del Verde!

O esto es una comedia absurda en la que se suma error tras error, o detrás de los entretelones del poder ocurre algo grave que apenas se vislumbra. Una guerra atómica subterránea que ya explotó en la superficie, pero a la que le faltan varios capítulos.

Desde mi perspectiva hay tres heridos con la caída de Arturo Escobar.

En primera fila, Miguel Ángel Osorio Chong, pues el titular de la Segob fue quien lo recibió como subsecretario. De entrada, es el que más ha pagado el costo.

Luego, como afectado dos, Manlio Fabio Beltrones, que ve alterada su alianza con el PVEM en la ruta de designación de los 12 candidatos a gobernador en 2016, además de que su yerno, Pablo Escudero, es el número tres del partido.

Por último, César Camacho, coordinador de la fracción tricolor en San Lázaro, líder de la mayoría, y quien como dirigente nacional del PRI hizo campaña al lado de Escobar y seguramente avaló que el PVEM hiciera todo lo necesario para alcanzar la victoria. ¿Ahora resulta que hubo cosas ilegales? ¿La mayoría se alcanzó con ilegalidades?

El sistema priista paga demasiados costos con este golpe interno que, a estas alturas, no fue desconocido para Los Pinos. De hecho, autorizar esa decisión hace suponer que algo verdaderamente trágico ocurre en la República Tricolor donde casi nunca pasa nada, y cuando pasa algo, se resuelve al estilo Elba Esther Gordillo.

¿Había entrado el PVEM en rebeldía?

Dos verdes juegan la designación de candidaturas en 2016: el Niño Verde en Quintana Roo, quien insiste en tener posibilidades de suceder a Roberto Borge, y el senador Carlos Puente —nuevo vocero del partido—, bien posicionado en San Luis Potosí.

¿Exigió el PVEM algunas de estas dos posiciones como condición para aliarse en 2016?

¿Se convirtió el Verde en un aliado incómodo del PRI?

¿Empezó a cobrar caro y sus demandas eran inatendibles?

¿El coscorrón es una advertencia hacia alguien en particular?

¿Hasta dónde va a llegar la guerra de la Nomenklatura vs Los Pinos?