San Martín Texmelucan, Pue.- Los regidores aprobaron  la contratación de una abogada externa para defender el predio  “San Damián”, donde se encuentran las oficinas de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a cambio de un pago de 300 mil pesos, dividido en mensualidades de 50 mil pesos.

La sesión de cabildo, tuvo la peculiaridad de que fue abierto y se permitió que cuatro elementos policiacos sacaran dos cartulinas, con leyendas como: “Pedimos a regidores lucha por San Damián”. Y “Sindicatura: si no tienes solución permite que otros lo arreglen”.

En este sentido, el cabildo fue con el objetivo de que se firmara el convenio con la abogada Teresa Ibarra Dougle, quien señaló, puede rescatar el predio de San Damián, por lo cual, se firmó un pago inicial de 300 mil pesos y la mensualidad de 50 mil pesos.

Durante la sesión, los regidores aprobaron el convenio de contratación de una abogada externa y otorgarle facultades, con el objetivo de que defienda el predio de San Damián, donde actualmente están construidos los edificios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el Gimnasio Rosendo Vázquez y otras oficinas municipales.

Luego darse a conocer que se negó el amparo por parte del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios federales en el estado de Puebla, bajo el expediente número 1320/2015,  El cual fue presentado el pasado 11 agosto del presente, con el cual pretendían emplazar la  orden de lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública, derivado del juicio 1643/2008.

Así mismo, los regidores por mayoría de votos, otorgaron facultades especiales a la abogada, para “que pueda tomar acciones y decisiones sin consultar a la síndico municipal”.

Tras estas acciones la síndico, Martha Huerta Hernández, destacó que se está violentando la ley, y sobre todo que el convenio solo beneficia a la abogada.

Los regidores aprobaron que en caso de que la síndico no acepte conceder los derechos a la abogada Teresa Ibarra, se mandará un extrañamiento  a la Contraloría del Estado, Auditoria Superior del Estado, y al Congreso local, para que determine la sanción correspondiente.