Ajalpan vivió un estado de sitio tras el ingreso de militares, policías federales, estatales y  ministeriales, para asumir el control de la seguridad pública, casi 72 horas después de que fueran torturados y quemados vivos en la plaza principal, los hermanos Rey David y José Abraham Copado Molina.

Los retenes fueron instalados desde las primeras horas en entradas y salidas de este municipio de la Sierra Negra. Todos los que entraban y salían eran revisados y obligados a identificarse. Mientras, los más de 300 uniformados se distribuyeron en inmediaciones de la Presidencia Municipal y del resto de la cabecera, y ministeriales dieron cacería a los presuntos responsables de lo que el gobernador Rafael Moreno Valle calificó como una “barbarie”.

Esta situación provocó que fueran suspendidas las clases en el nivel básico, aunque desde la mañana del martes 20 de octubre, al día siguiente del homicidio de los encuestadores, algunos padres de familia prefirieron ya no enviar a sus hijos, como confirmó en entrevista el director de la primaria Eufrosina Camacho de Ávila, Daniel Valdés Huerta.

Por el ingreso de los uniformados, algunos dueños de negocios prefirieron no abrir, en tanto que otros, consideraron que “el que nada debe, nada teme”, y la vida cotidiana debe seguir.

Entre la zozobra

Los padres de familia acordaron solicitar a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la suspensión de clases ante las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia (PGJ), pues temen dejarlos solos en sus domicilios al salir a trabajar, por lo que pidieron que las labores escolares se reanuden hasta el lunes.

La mayoría de los negocios del centro abrieron sus puertas, pero algunos otros prefirieron no alzar sus cortinas, intimidados por la fuerte presencia policial que se iba haciendo más notable y numerosa conforme pasaban los minutos.

La población se asomaba sutilmente desde sus ventanas, otros miraban lo que ocurría desde sus azoteas.

Los pocos que accedieron a conversar, bajo la advertencia de no ser reconocidos, dieron cuenta que no creen que la PGJ aprehenda a los verdaderos responsables, ya que se cree que ya no están en el municipio y huyeron desde la madrugada del 20 de octubre, después de haber linchado y asesinado a sangre fría a los empleados de la encuestadora Marketing Research & Services.

A diferencia de martes y miércoles, cuando los ajalpenses se acercaron a la plaza principal en grupos para murmurar sobre lo ocurrido, que ha sido nota a nivel internacional, en la mañana del jueves, prefirieron encerrarse en sus domicilios al darse cuenta del arribo de fuerzas federales y estatales.

Pocas personas se fueron a sentar al parque, muy pocas, seguían los cuchicheos, pero esta vez sí accedieron a platicar fuera de grabadora. Alguna de ellas mencionó que salían porque no tenían nada que temer.

Otras, coincidieron en manifestar que con la permanencia de federales y estatales, les devolverá la tranquilidad, pues insisten que se han dado varios hechos violentos en el municipio como secuestros y asaltos a mano armada.

Un pueblo sin servicios

Tras verse relegado, el presidente municipal Gustavo Lara Torres se apareció en la mañana por la Presidencia Municipal, desde donde no se están dando servicios, y no supo explicar cuál será su papel dentro de los 180 días que el gobierno de Rafael Moreno Valle tome el control de esta población, situado a 140 kilómetros de la capital poblana.

En breve entrevista con medios que acudieron al municipio, indicó que existen dos carpetas de investigación contra quienes resulten responsables, primero por el homicidio de los dos hermanos encuestadores y segundo por daños al patrimonio del municipio, saqueo y robo de armas.

Ante la incertidumbre de algunos habitantes, el edil les explicó que los cateos no se llevarían a cabo en todos los domicilios como se comenzó a especular a primeras horas del jueves, sino únicamente en 34 casos en los que, según tenía conocimiento, ya había órdenes de aprehensión.