El motociclista Cristian Alberto López Vázquez, quien fue atropellado por un perito de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), aseguró que la Dirección de Atención a Víctimas del Delito no se acercó a él, como señaló la PGJ, por lo cual ahora exigirá que el responsable y la dependencia reparen el daño ocasionado y el tratamiento médico de sus lesiones.

Los asesores legales del agraviado, quienes trabajan para el corporativo jurídico Rodríguez Luna y Asociados, señalaron que su cliente fue citado el día de ayer para rendir declaración y tener una negociación, pues aseguran que la PGJ quiere acelerar el proceso para poner en libertad a Roberto Espíndola Armenta, de 26 años de edad, quien embistió al motociclista el día 8 de septiembre con una ambulancia de la Procuraduría en el Circuito Juan Pablo II y la 16 de Septiembre.

De acuerdo con una publicación emitida por el portal e-consulta, a López Vázquez le entregaron la cantidad de 30 mil pesos para cubrir los gastos médicos que ha tenido que atravesar desde el accidente, sin embargo, esta cantidad no es suficiente para cumplir las consultas médicas faltantes así como las terapias que debe tomar para recuperar la movilidad.

El agraviado exige a las autoridades que no exista impunidad y se castigue correctamente al culpable, además solicitó que sea cubierto el daño ocasionado a su motocicleta, la cual compró hace dos meses y quedó inutilizable después del impacto.

Cristian Alberto, señaló durante la rueda de prensa que se dedica a repartir equipos celulares de franquicias telefónicas, por lo cual usaba la motocicleta constantemente. Cabe señalar que los abogados, así como el agraviado, informaron que debido a las lesiones que sufrió, no podrá manejar un vehículo similar durante años, por lo cual solicita una indemnización apropiada ante el daño que sufrió.