Los familiares de los abogados  y hermanos Alejandro y Yoab Cazales Santiago, acusaron que desde hace cuatro años están presos por un delito que afirman no haber cometido, dado que las autoridades federales no han logrado mostrar evidencia fehaciente de la comisión del homicidio cometido en 2011.

Según narró la familia, Alejandro y Yoab fueron detenidos desde el 29 de agosto de 2011, acusados de haber matado de una puñalada a Elías Cebada Canizo, a las afueras de los juzgados y de la agencia del Ministerio Público de Tecali de Herrera.

En la Averiguación Previa 176/2011, se explica que el día de la agresión, el hoy occiso que también se desempañaba como abogado, había ganado un juicio de divorcio a los hermanos Cazales Santiago, lo que presuntamente habría provocado una gresca que culminó con el citado asesinato.

Del mismo modo se detalla que los familiares de Elías Cebada llegaron rápidamente e indicaron a las autoridades que los agresores se daban a la fuga a bordo de un Jetta color gris, por lo que tras una persecución fueron detenidos y desde ese entonces permanecen presos.

Ante estos hechos, Esmeralda Cazales Santiago explicó que sus hermanos están bajo un proceso plagado de irregularidades, acusando que tanto la Procuraduría General de Justica (PGJ) como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), han ignorado sistemáticamente las pruebas que han recabado para demostrar la supuesta inocencia.

Entre las supuestas pruebas de descargo indicó que existe  un video en el que se demuestra que los dos abogados no participaron en el crimen, además, en el arma que supuestamente se usó para cometer el homicidio, no se lograron hallar indicios o huellas hemáticas ni de la víctima, ni de ninguno de los dos hermanos.

Aseguró que la familia decidió interponer una denuncia contra Rodolfo Arana Santiesteban, juez de Tecali de Herrera, ante la Dirección de Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos, pero la averiguación iniciada en el 2014 no ha prosperado e incluso los hermanos ya recibieron sentencia condenatoria por 29 años de prisión.

Finalmente, solicitaron a las autoridades que sometan el proceso a una nueva valoración para que sean tomadas en cuenta las pruebas que se supone demuestran la inocencia de los detenidos, con la finalidad de que se dicte una nueva sentencia favorable para ellos.