Padres de familia de los siete estudiantes de la BUAP, que fueron detenidos y culpados por los ataques realizados en las oficinas del INE el pasado 27 de marzo, expresaron que las autoridades federales negaron el proceso de amparo a favor de los jóvenes, los cuales el 5 junio fueron violentados por policías que efectuaron órdenes de cateo en los domicilios de los jóvenes. 

Los jóvenes desde aquella fecha se encuentran bajo presión psicológica y emocional, ya que no pueden salir a la calle con tranquilidad ni asistir a sus clases sin el temor de que podrían ser privados de su libertad o agredidos por individuos que los han estado intimidando.

Los estudiantes el día que los liberados, fueron obligados a firmar que acudieron a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de manera voluntaria, motivo por el cual las autoridades federales negaron el amparo a favor de los jóvenes.

"Lo que se pretende con el amparo es que se dé acceso a la averiguación previa, para que puedan ellos - dado que hubo muchas anomalías en su detención y en el proceso-  presentar las pruebas de descargo pero con la tranquilidad que no va a pasar nada", explicó Miguel Ángel Rosas, uno de los padres de los 7 estudiantes involucrados.