Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tehuatlie, es la única que se ha negado a aceptar una indemnización a un año del caso Chalchihuapan, a pesar que la administración estatal le ha ofrecido hasta 5 millones de pesos. Pese a ello, sus asesores legales han puesto sobre la mesa una contrapropuesta de 15 millones de pesos para dar por terminado el último caso pendiente y reparar el daño a los nueve lesionados considerados por la Comisión de Derechos Humanos.

La madre de la víctima mortal de este caso es la única que no ha aceptado una indemnización, ya que al menos otras ocho personas, que en su momento quedaron mutiladas como Martín Romero y Hugo Jiménez Varela han cobrado una indemnización.

En la lista de quienes cobraron cantidades de entre 200 a 400 mil pesos también se sumó Gilberto Varela Tecalero, Vicente Tecalero, Filemón Pacio, Juan Xelhua Ocotl, Javier Jiménez Xelhua,Víctor Antonio Contreras Montes y Heraclio Nezáhuatl quienes coincidieron en indicar que acudieron a las oficinas de Atención a Víctimas del Delito de la PGJ por voluntad propia, entre los meses de enero a marzo de este 2015.

Así se dio su salida del movimiento, que se creó en su momento para exigir la devolución de las oficinas del Registro Civil a las juntas auxiliares —autoridades comunitarias desconcentradas de los municipios poblanos—. Ninguno de ellos apareció ayer en la marcha para conmemorar el primer aniversario de los hechos.

Entre 5 y 15 millones, la reparación del daño por Tehuatlie

La versión oficial de la agraviada es que busca que primero se haga justicia por el fallecimiento de su hijo herido ese 9 de julio de 2014 cuando un grupo de pobladores se enfrentaron con policías del estado, en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco que a la postre le costó la vida. 

"No voy a descansar hasta ver en la cárcel a Facundo Rosas (secretario de Seguridad Pública en el estado)”, indica en entrevista.

Sin embargo, fuentes cercanas a la propia familia confiaron a esta reportera que Elia es presionada por Araceli Bautista, el abogado Alejandro del Castillo y por las propias panistas que se sumaron recientemente a este movimiento –Ana Teresa Aranda y Violeta Lagunes—  para que negocie hasta 15 millones de pesos.

"Para mí, sí hubo justicia", aseguran otras víctimas

Hugo Jiménez Varela quien perdió la visibilidad del ojo izquierdo hace 12 meses, se deslindó del grupo que integra Elia y Araceli Bautista –madre del ex edil auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan-, pues asegura que para él sí hubo justicia.

El campesino de 29 años de edad refirió que por el pago de más de 300 mil pesos que recibió por concepto de reparación de daños, además de terapias psicológicas y atenciones médicas que le han permitido reconstruir el párpado del ojo izquierdo, se da por bien servido.

“Yo la neta me abrí de Araceli, sobre todo de ella. Elia tiene razón en exigir justicia por la muerte de su hijo, pero se filtraron muchas personas interesadas en sacar tajada, por eso, y por seguridad, yo me salí”, señala en entrevista a este medio. Confirmó que Araceli le dejó de hablar por esa decisión que tomó.

“Que Elia acepte el dinero”

Martín Romero Montes, quien trabajó como agente ministerial durante 16 años y seis como militar, indica que también recibió 300 mil pesos. Su necesidad de cubrir sus deudas lo orillaron a acercarse, además, asegura que no valía la pena regatear el dinero, “porque mis años de trabajo en el gobierno me dejaron de experiencia que si no aceptas, el tiempo pasa y ya no te darán nada. Por eso creo que es mejor que Elia acepte lo que le ofrecen. Nadie le va a devolver su hijo, pero está en su derecho de seguir exigiendo justicia. Una herida no es comparada con que te maten a un hijo”, agrega en entrevista.

Sin claridad sobre el fondo de indemnización

Aunque en enero pasado la CNDH respondió vía transparencia al portal de noticias e-consulta que el gobierno local destinó 4 millones de pesos al fideicomiso que creó para el pago de las indemnizaciones, sin especificar el número exacto de personas acreedoras a ese derecho, hasta el momento, la administración estatal no ha aclarado ese punto.

Precisamente por falta de claridad y criterios con los que se entregó el dinero a las otras víctimas, es que la Comisión considera como incumplida la recomendación de la reparación de los daños, una de las cinco que no han sido cumplida.

La CNDH informó el miércoles en un comunicado que, a un año de lo ocurrido en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, "aún quedan pendientes de cumplimiento cinco de los 11 puntos recomendatorios, particularmente lo relativo a la determinación definitiva de las responsabilidades de los servidores públicos involucrados y la sanción".

Cabe citar que por la muerte de José Luis y por las mutilaciones causadas a las demás víctimas, no hay funcionarios públicos en la cárcel. Y es que los seis policías estatales detenidos el 18 de octubre de 2014 quedaron en libertad bajo caución, sólo dos meses después, el 24 de diciembre. Esto, luego de que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla reclasificó el delito de homicidio doloso por culposo, al considerar que las lesiones causadas no eran graves ni llevaban la intención de matar, mientras que tres pobladores sí están tras las rejas.